La Audiencia Nacional dictaminó en un auto en julio de 2015 que Fertiberia debía aportar una garantía de 65,9 millones de euros antes del 1 de diciembre de ese mismo año porque fue el precio en que se valoró un proyecto de regeneración de las marismas de Huelva, donde la compañía vertió toneladas de fosfoyesos (residuos procedentes de la producción de fertilizantes) durante cuatro décadas.

Otro auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional requirió el pasado mes de octubre a Fertiberia para que, "con carácter inmediato" y en el plazo de un mes, constituyese garantía mediante aval o seguro de caución por valor de 65,9 millones de euros hasta que finalizaran los trabajos de regeneración ambiental en las balsas de fosfoyesos ubicadas en las marismas de Huelva.

Transición Ecológica apunta en la carta enviada este viernes, a la que tuvo acceso Servimedia, que han transcurrido más de siete meses de la notificación de ese último auto, por lo que recordó a Fertiberia que debe constituir "la garantía adecuada y suficiente a la que viene obligado judicialmente".

La Audiencia Nacional indicó que sólo de acreditarse suficiente y fehacientemente la imposibilidad de constituir total o parcialmente la garantía podría admitirse la constitución de garantía hipotecaria sobre muebles o inmuebles de Fertiberia. De lo contrario, adoptaría las medidas coercitivas previtas en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por ello, el departamento dirigido por Teresa Ribera ha informado a la Audiencia Nacional que Fertiberia ha incumplido su deber de constituir la garantía de 65,9 millones de euros.