"No puede ser que las grandes empresas tengan todo tipo de desgravaciones. No es posible que un taxista tribute más que Uber", sostuvo durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde denunció que el colectivo de autónomos adolece de una “desprotección estructural” agravada por la anterior crisis.

De manera específica criticó la situación de los comerciantes frente a algunas grandes empresas de distribución. "Mientras que Amazon se forraba con las cuotas de ‘delivery’ que pusieron a los comercios por el 50% del precio por cada comida, los comerciantes han seguido ahí por mantenerse. Es totalmente imposible vivir así. Han hecho su agosto", se quejó.

Durante su intervención abogó además por “caminar” de manera progresiva hacia un sistema de cotización “por ingresos reales” por una cuestión de justicia, que haga “que pague más quien más ingresa” y porque ayudaría a mejorar la sostenibilidad de la protección social con prestaciones sociales, bajas laborales, pensiones o cese de actividad “dignas”.

Asimismo, pidió a los diputados “combatir” el uso fraudulento de los falsos autónomos porque "no puede ser que el empleo autónomo se instrumentalice para esclavizar" y urgió a “hacer realidad” la posibilidad de una segunda oportunidad para que los emprendedores puedan levantarse cuando fracasan en sus apuestas.

Entre las medidas a articular abogó también por adoptar un plan integral para el acceso de las mujeres al trabajo por cuenta propia, señalando que apenas suponen un tercio del colectivo, con tareas en sectores muy específicos, destacando que además se lleva 30 así sin avanzar.

Landaburu reconoció que se han adoptado mecanismos de protección “muy potentes” para sostener las rentas y “amortiguar el golpe” a familias, empresas y autónomos a diferencia, pero relató que otras no han funcionado con la eficiencia deseable.

Concretamente se refirió a los avales del ICO, donde afirmó que no están llegando al ritmo deseable a los autónomos por "prácticas bancarias que debemos vigilar", ya que se trata de garantías públicas del Estado "donde no es su voluntad" -la de los bancos- la que debe de primar.

La responsable de Uatae animó a los diputados a pensar en las condiciones laborales además del colectivo. "Me gustaría que le preguntaran a un ‘rider’ sobre la seguridad en el trabajo o al taxista sobre su descanso", indicó, afirmando que el colectivo "merece" esos derechos laborales que se predican.

Entre sus peticiones incluyó además "poder negociar" convenios y elegir a sus representantes y que estos derechos no descansen en otros actores. "Constituye un déficit democrático que tenemos, entre todos, que resolver", pidió.

Por último, reclamó poner coto a la morosidad indicando que la deuda alcanza los 130.000 millones de euros: 120.000 millones por retrasos en los pagos a sus proveedores, muchos de ellos autónomos, por parte de empresas cotizadas y otros 10.000 millones por las administraciones públicas.