Según avanzaron los grupos proponentes, la exposición de motivos para solicitar esta comisión de investigación que el PSOE, el PP y Ciudadanos o Vox ya han rechazado varias veces en la Mesa del Congreso, de acuerdo con los servicios jurídicos de la Cámara y apelando a la inviolabilidad de la figura del monarca, está actualizada a raíz de las últimas informaciones.

Por un lado, las que apuntan a que la Fiscalía Anticorrupción del Estado habría detectado indicios de presuntos delitos del Rey emérito como blanqueo de capitales, cobros de comisiones y fraude fiscal en la contratación de la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de AVE que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

Por otro lado, las "múltiples" declaraciones de la antigua amiga de don Juan Carlos Corinna Larssen afirmando que habría recibido presiones e incluso amenazas graves por parte de los servicios secretos del Estado y la Casa Real, supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el Rey emérito. Según algunas publicaciones, la misma Larssen apunta al actual monarca como conocedor de la campaña de acoso, difamación y persecución contra su persona y su familia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo anunció el lunes que va a asumir la investigación sobre el supuesto blanqueo de comisiones que habría percibido Juan Carlos de Borbón por mediar en la adjudicación a empresas españolas de las obras del tren árabe, algunas de cuyas derivaciones podrían haber sido posteriores a su abdicación en 2014 y por tanto quedar fuera de su período de inviolabilidad constitucional