Así lo recoge el plan a medio plazo que incluye las “bases” para reconstruir la educación tras la pandemia y que presentará en el seno de la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo Escolar del Estado como “alternativa” al documento de este órgano consultivo para el comienzo de curso 2020-2021, al que votará en contra, según avanzó este lunes a través de un comunicado.

Su plan propone una batería de medidas que, a su juicio, se deben acometer “de manera gradual” en los próximos cinco años y que agrupa en las áreas de Recursos Humanos, Atención al Alumnado, Modelo Curricular, Profesorado e Inversión y Dotación tecnológica.

En concreto, la central sindical insistió en la necesidad de reforzar plantillas para reducir la ratio de alumnos por aula como medida de protección sanitaria y tildó de "inadmisible" que se pretenda "duplicar" el trabajo del profesorado reduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad, "pero sin una dotación adecuada de recursos humanos”, espetó.

Tras denunciar que en la última década las plantillas se han visto mermadas con 16.922 docentes menos, mientras que la ratio alumno/profesor ha aumentado de 16,09 a 16,29 estudiantes por cada docente, la central sindical advirtió de que el próximo curso “será muy complejo”, por lo que urgió a “acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta a las aulas”.

Junto a ello, llamó a poner en marcha equipos de orientación que incluyan a profesionales que atiendan a las “nuevas problemáticas” y urgió a disponer de personal sanitario en todos los centros docentes, formar al profesorado en nuevas tecnologías y adaptar el puesto de trabajo a aquellos profesionales considerados personas de riesgo.

Asimismo demandó una inversión en educación de hasta un 7% del PIB y un plan de renovación de equipos e instalaciones tecnológicas por centros educativos además de implementar un modelo curricular “estable y más simple, que atienda a las necesidades de la pandemia manteniendo los objetivos de etapa”.

Junto a ello, defendió que el Ministerio de Educación establezca pruebas finales que permitan “corregir” las actuales “diferencias” entre comunidades autónomas así como que se limite la promoción automática, se implemente una prueba única de acceso a la Universidad en todo el país y se otorgue un mayor impulso a la FP.

Para CSIF, el parón de las clases presenciales, los retos de la educación a distancia y la vuelta a las aulas el próximo curso “confirman” la “urgencia” de una estrategia común que permita “avanzar soluciones para que ningún alumno quede atrás por la pandemia”.

“Las administraciones están intentando culpar al coronavirus de problemas estructurales que persisten desde hace más de treinta años”, lamentó, en referencia a la falta de inversión, las tasas de abandono escolar o el paro juvenil.