Así lo defendió durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, donde insistió en que “la educación española cuenta con una base sólida”, como en su opinión se ha mostrado durante “la extraordinaria prueba de estrés” que ha supuesto el confinamiento para el sistema educativo.

“De esta crisis salimos convencidos de la necesidad de fortalecer los recursos públicos con medios suficientes”, añadió, defendiendo que “el sistema educativo español es un buen sistema” y que, como consecuencia de la situación provocada por el coronavirus ha tenido que pasar “de la noche a la mañana” de un sistema presencial a la formación online. Durante ese tiempo “las competencias educativas de las CCAA han permanecido intactas”, indicó, tras las críticas de los independentistas de que el estado de alarma ha supuesto una invasión de las competencias.

RECUPERAR EL ACUERDO

En su intervención, Celaá subrayó que lo primero será “recuperar el acuerdo en torno a la educación”, pues “hace tres meses era un lugar común” pensar en la necesidad de una educación adaptada a “un mundo acelerado y en cambio permanente”.

Así, volvió a defender que el derecho a la educación es a una educación "inclusiva y equitativa" y que su proyecto de ley perseguirá la “igualdad efectiva” y el “tratamiento personalizado”, con una formación basada en competencias y promoviendo los "valores cívicos".

Además, apuntó a la necesidad de promover las vocaciones científicas y tecnológicas. “Este anteproyecto de ley incorpora dos dimensiones que están en los cimientos de nuestra prosperidad”, agregó, en referencia a la digitalización y la educación para el desarrollo sostenible (en sus vertientes ambientales, sociales y productivas).

Para todo ello, recalcó, Celaá contaría con el apoyo de un importante sector de la educación concertada, que entiende la educación como una “función social”.