Así lo indicó este miércoles la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, durante la clausura de la Asamblea General de Inverco, donde valoró el buen comportamiento de la industria y los ahorradores frente a las incertidumbres desatadas por la pandemia.

Ante la situación de emergencia creada por el virus, el Gobierno habilitó disponer de una parte del ahorro en situaciones como estar afectado por un ERTE o, en el caso de los autónomos, al sufrir fuertes caídas de ingresos o por cese de la actividad derivada de la situación creada por la crisis sanitaria.

De la Cueva indicó que el “esfuerzo” realizado por el sector para facilitar estos reembolsos extraordinarios y la “buena coordinación” con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones han permitido que a finales del mes de mayo se hayan aprobado “más de 14.000 expedientes, un 71% de todos los presentados, lo que ha permitido el pago a los partícipes de más de 25 millones de euros”.

Sin embargo y en términos más globales, la secretaria de Estado subrayó el buen pulso mantenido por la industria, sin llegar a sufrir salidas masivas de patrimonio o huídas de inversores.

“Con los datos disponibles podemos afirmar que durante estos meses no se han observado variaciones importantes en el volumen de aportaciones, ni en el flujo de movilizaciones, ni un incremento de las solicitudes de cobro de prestaciones, lo que pone de manifiesto la importante solidez con la que el mercado de planes de pensiones se está enfrentando a esta situación”, refirió tras recordar que durante el 2019 el patrimonio gestionado subió un 9% y las aportaciones lo hicieron un 6%.

En este sentido recordó que, en las caídas patrimoniales registradas durante el mes de marzo en los productos de inversión colectiva, los reembolsos solo explicaron un 19% del descenso, correspondiendo el 81% restante a disminuciones en las valoraciones en los mercados, y en abril “se empezaron a recuperar buena parte de los resultados anteriores”.

“Esto pone de manifiesto que en nuestro mercado se va consolidando la inversión a medio y largo plazo”, abundó, convencida de que la “capacidad de resistencia” constata además “la mayor madurez de los partícipes y el desarrollo de mejores perfiles de riesgo”. “Sin duda uno de los aspectos que ha contribuido a fortalecer el sector ha sido el papel de los supervisores y reguladores financieros”, agregó.

Para de la Cueva, la resilencia mostrada por la industria resulta además especialmente importante cuando en crisis anteriores el que mantuvo sus posiciones con un objetivo a medio y largo plazo de inversión vio como las pérdidas latentes se convirtieron en ganancias con la recuperación económica. “Dicho de otra forma, el sector de la inversión colectiva tiene capacidad para contribuir a financiar la recuperación económica”, afirmó.

Prueba de la “fortaleza” del sector y “su gestión adecuada” es, a su juicio, que solo ha sido preciso fijar una única medida para encarar la coyuntura actual, en alusión a la capacitación a la CNMV para que pueda exigir a las gestoras medidas para reforzar la liquidez.

De cara al futuro y desde la óptica ya regulatoria indicó que hay que “completar” la transposición de la Directiva de fondos de pensiones de empleo a través del proyecto de Real Decreto que ya está en la fase final de su tramitación, y se revisarán varias normas europeas en los próximos meses relativas a los fondos de inversión. Entre ellas, las directivas de MIFID, UCITS y la de gestión de inversiones alternativas (AIFMD).

De la Cueva explicó que es una “gran oportunidad para coordinar mejor las obligaciones que imponen las distintas normas europeas” y permitirá preservar la protección del inversor a la vez que se ajustan “en todo lo posible” los costes de cumplimiento normativo.

“Esto nos llevará a desarrollar un sector más competitivo y seguro, aumentando los flujos de financiación de nuestra economía, lo cual, insisto, es especialmente importante en un contexto de recuperación”, indicó.

Entre las novedades, la transposición de la directiva para favorecer la distribución transfronteriza de fondos regulará el uso de medios telemáticos para prestar servicios financieros y cumplir con las obligaciones de información a los partícipes.