Así lo anunció hoy el portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces, donde también explicó que Unidas Podemos pedirá prolongar seis meses más la prohibición de desahucios que el Consejo de Ministros aprobó inicialmente hasta el 30 de junio.

Centrándose en la propuesta para los ayuntamientos, Pisarello expuso la “necesidad de que se destinen recursos estatales y europeos a los ayuntamientos”, que “padecen un déficit muy grave en términos de financiación” desde que el Gobierno del PP les impidió aprovechar para inversión pública su propio remanente de tesorería; un “corsé”, tal como lo definió el diputado de los Comunes.

Según dijo, “hay un acuerdo transversal” en este sentido, de forma que lo apoyan tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, “e incluso el PP, que parece haberse arrepentido de la asfixia” a la que a su juicio condenó a los municipios el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. También ERC ha planteado esta financiación a los ayuntamientos como una de las condiciones para facilitar la aprobación de la sexta prórroga del estado de alarma.

“Si se va a flexibilizar el déficit”, razonó, también ha de hacerse para los ayuntamientos; y, si la UE va a conceder fondos específicos de recuperación para España, Unidas Podemos planteará que “al menos el 14% de esos fondos debería ir para los ayuntamientos”.

Pisarello pasó de puntillas por la pregunta que se le hizo sobre la publicación hoy en ‘El Confidencial’ de una nota interna del Ministerio del Interior en la que se reconocía explícitamente que el cese del coronel Diego López de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se debió a que no informó de que sus agentes estaban elaborando, a petición de una jueza, un informe sobre la manifestación del 8-M y su relación con la propagación del coronavirus.

Simplemente, insistió en la tesis de Unidas Podemos de que la derecha está poniendo en marcha “una guerra jurídica en la que se utilizan algunos medios de comunicación, sectores del poder judicial y de la policía” para desestabilizar al Gobierno.

También aventuró que Pérez de los Cobos, quien dirigió la operación policial contra el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, “no tiene buenos antecedentes como para no poder pensar que no ha actuado de manera adecuada”. Por lo demás, se remitió al Ministerio del Interior en el que atribuyó el cese del mando de la Guardia Civil a, según dijo Pisarello, “razones de vulneración del principio de confianza y el principio de neutralidad”.