En la exposición de motivos de esa iniciativa, Ciudadanos recuerda que el pasado 25 de mayo se conoció ese cese y, desde entonces, “ha trascendido la relación de sucesos que, más que presumiblemente, desembocaron en la expulsión del citado coronel del puesto que ocupaba hasta ese momento”.

Según esa información, relata Ciudadanos, el domingo previo “el General Jefe de la Guardia Civil de Madrid, José Antonio Berrocal, inmediato superior jerárquico del coronel Pérez de los Cobos, se puso en contacto con él para interesarse por las diligencias que los investigadores a su mando, en su calidad de policía judicial, habían entregado al Juzgado en el curso del procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por su posible responsabilidad penal en la autorización de manifestaciones por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, desoyendo las advertencias del riesgo de contagio por coronavirus”.

“Toda vez que el coronel le negara conocer los detalles de tal investigación y le pusiera de manifiesto su negativa a interpelar a sus subordinados sobre ello, recibió una segunda llamada, esa misma tarde, del teniente general Fernando Santafé, con el mismo objeto”. Obtenida idéntica respuesta, “se produjo entonces un tercer contacto con el coronel, esta vez, de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, comunicándole su inmediata destitución”.

Esa sucesión de hechos lleva a una única conclusión posible, dice Ciudadanos, que el coronel fue destituido “por negarse a obtener información de la policía judicial a su cargo sobre el contenido del informe presuntamente comprometido para al Gobierno, e informar sobre el mismo a sus mandos superiores y, en última instancia, al Ministro del Interior”. Se le pidió, denuncia, “que infringiera la ley y que actuara contra su honor”.

Después de todo ello, prosigue la exposición de motivos, la publicación de un documento reservado confirma la destitución por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Ciudadanos considera que la revelación de ese documento “compromete a toda la cúpula del Ministerio de Interior y, en representación del mismo, a su máximo dirigente”, el ministro, y “desmiente” la versión oficial sobre la reestructuración de equipos. “Al margen de destituciones injustificadas o designaciones a la carta, el deterioro infligido por el Ministro del Interior a la imagen y reputación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un hecho, y resulta enteramente inaceptable para con un colectivo que es, siempre, de los mejor valorados por los ciudadanos gracias a su profesionalidad”.

Considera que el ministro es “sospechoso de poner en riesgo la reputación y el buen hacer de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la obtención de beneficios políticos; es sospechoso de destituir a importantes cargos del Instituto Armado por no plegarse a sus peticiones ilegales y sectarias; es sospechoso de nombrar a dedo a cargos afines carentes de la neutralidad política exigida a los miembros del Cuerpo y es, en todo caso, culpable de haber generado la mayor crisis vivida en la cúpula de la Guardia Civil en décadas”.