Según señalaron en un comunicado, desde Gestha valoran positivamente la implantación del IMV “como un primer paso” y señalan que las comunidades autónomas “tendrán que reordenar las rentas mínimas de inserción y las ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar el IMV y alcanzar los 6.405 millones que cifran como necesarios centenares de ONG y otras entidades sin fines lucrativos que integran las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, entre las que también se incluye Gestha”.

Así, los técnicos señalan que las comunidades autónomas podrán reordenar las rentas mínimas de inserción u otras ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar “este novedoso instrumento para salir de la pobreza extrema.”

En este contexto, Gestha lamenta que España ocupara en 2018 “un penoso sexto lugar en el ranking de la pobreza extrema en la Unión Europea”, y advierten de que, como consecuencia del coronavirus, podría aumentar “significativamente” el número de personas que viven en situación de pobreza severa en España, después de que haya ido reduciéndose desde el máximo alcanzado en 2015.

Por otro lado, los técnicos aclararon que para el cómputo de los ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se restarán las becas, las ayudas por vivienda o de emergencia, los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción u otras ayudas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. Tampoco se computarán las prestaciones por el VIH, las pensiones como consecuencia de la Guerra Civil, las indemnizaciones por daños personales, las prestaciones por acogimiento de personas con discapacidad y las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

En cambio, señalaron, se restarán del IMV las prestaciones por actos de terrorismo, las indemnizaciones por despido, las anualidades por alimentos (que deberán ser exigidas en caso de impago), las prestaciones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de clases pasivas, las prestaciones por maternidad o paternidad, y las indemnizaciones para compensar la privación de libertad, entre otras.