Por otra parte, en la misma providencia de declaración, admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, si bien condicionada a la presentación de poder especial y prestación de mil euros en concepto de fianza.

Además, deniega ampliar la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que “sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados”.

En relación con el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón Soria, la jueza hace saber al denunciante que el procedimiento no se dirige contra él y que, “por el contrario, al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) tienen asuntos ya registrados en trámite contra el señor Simón indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste”.

Por último, deniega la personación en la causa de Javier Fernández Torres, al no cumplir el escrito de personación con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Y también de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con los requisitos exigidos en la ley para personarse como acusación popular y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria “que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento”.

El abogado que denunció ante los tribunales al Gobierno en pleno y a su delegado en Madrid por permitir la manifestación del 8-M pidió el jueves a la jueza que investiga estos hechos que impute también en esa causa al director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por delitos de desobediencia y omisión de socorro.

Esta petición se formula en medio de la polémica suscitada por el contenido del informe de la Guardia Civil sobre la celebración de eventos multitudinarios entre el 5 y el 14 de marzo, entre los que destaca la manifestación feminista. Ese informe, de más de 800 folios, sostiene que hay pruebas de que el Gobierno sabía ya del alto riesgo de contagio del Covid-19 y pese a ello autorizó la concentración.

El abogado denunciante, Víctor Valladares, pide a la titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se recaben todas las comunicaciones mantenidas relativas a la gestión de la crisis entre el Centro de Coordinación que dirige Simón y el Ministerio de Sanidad entre el 30 de enero y el 15 de marzo.

Los citados el próximo día 11 son la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin ayuda de alquiler, el representante de una organización en defensa del sistema público de pensiones de Getafe; el portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; el secretario general del Sindicato CGT de Madrid; la representación del colectivo de afectados de Forum Afinsa; un miembro del sindicato CGT Amazon, y otro del sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.