Además de esa pregunta, Ciudadanos dirigirá una interpelación al ministro, “por la grave crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por las últimas destituciones ocurridas en el citado Cuerpo, por la política general de destituciones y nombramientos llevadas a cabo por el ministro y, en general, por las órdenes emanadas del Gobierno hacia los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante esta crisis sanitaria”.

En la exposición de motivos de la interpelación, Ciudadanos se hace eco de las informaciones según las cuales “el pasado domingo por la tarde el general jefe de la Guardia Civil de Madrid, José Antonio Berrocal, inmediato superior jerárquico del coronel Pérez de los Cobos, se puso en contacto con él para interesarse por las diligencias que los investigadores a su mando, en su calidad de policía judicial, habían entregado al juzgado en el curso del procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por su posible responsabilidad penal en la autorización de manifestaciones por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, desoyendo las advertencias del riesgo de contagio por coronavirus”.

“Toda vez que el coronel le negara conocer los detalles de tal investigación y le pusiera de manifiesto su negativa a interpelar a sus subordinados sobre ello, recibió una segunda llamada, esa misma tarde, del teniente general Fernando Santafé, con el mismo objeto.

Obtenida por éste idéntica respuesta, se produjo entonces un tercer contacto con el coronel, esta vez, de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, comunicándole su inmediata destitución. Esta deshonrosa llamada es, por cierto, lo único que se conoce de la labor llevada a cabo por la citada directora general durante esta crisis, hasta la fecha”, prosigue Ciudadanos.

Con todo ello, el partido concluye que Pérez de los Cobos fue destituido “por negarse a obtener información de la policía judicial a su cargo sobre el contenido del informe presuntamente comprometido para al Gobierno, e informar sobre el mismo a sus mandos superiores y, en última instancia, al Ministro del Interior. Es más, por lo que ha trascendido, la propia directora general de la Guardia Civil le recriminó al coronel precisamente esto, no haber hecho lo necesario para conocer el contenido de la investigación dado lo ‘delicado para el Gobierno’ del mencionado proceso judicial”.

Ciudadanos subraya que el ministro, por su condición de juez, es consciente de la normativa que obliga a los funcionarios de la Policía Judicial a guardar rigurosa reserva y secreto sobre la evolución y resultado de las investigaciones en las que participen, por lo que al coronel “se le pidió, en suma, que infringiera la ley y que actuara contra su honor y, al negarse a ello, fue destituido por haber dejado de contar con la ‘confianza’ del ministro”.

Ciudadanos subraya que ese “gravísimo episodio” es sólo uno más de la “larga lista de desagravios” cometidos por el ministro contra altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los apenas dos años que lleva en el cargo. “Lo que ya se conoce como ‘las purgas’ del ministro, no es sino reflejo del proceder partidista y sectario que caracteriza a este Gobierno en los nombramientos y destituciones de cargos en puestos de responsabilidad. El Ejecutivo busca un funcionariado de afines, negando toda condición de neutralidad e imparcialidad a cargos relevantes de la Administración”, añade Ciudadanos.

Acusa además al ministro de intentar “tapar tanta indignación por el descrédito ocasionado” anunciando el abono del tercer tramo de subida salarial, cuyo pago se había anunciado “cuando hubiera presupuestos, nunca por decreto y no antes del verano”.

Ciudadanos considera que el ministro “es sospechoso de poner en riesgo la reputación y el buen hacer de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la obtención de beneficios políticos; es sospechoso de destituir a importantes cargos del Instituto Armado por no plegarse a sus peticiones ilegales y sectarias; es sospechoso de nombrar a dedo a cargos afines carentes de la neutralidad política exigida a los miembros del Cuerpo, y es, en todo caso, culpable de haber generado la mayor crisis vivida en la cúpula de la Guardia Civil en décadas”.