En un comunicado, Asval explicó que el frenazo de la economía, como consecuencia del estado de alarma, “ha triplicado los impagos del alquiler”. “Tras la aplicación de las medidas por la pandemia, que han paralizado la economía y han obligado a un importante número de empresas a poner en marcha un ERTE, se ha producido un incremento de la morosidad del 5% al 15%”, añadieron.

La directora general de Asval, Beatriz Toribio, aseguró que “actualmente existe una resistencia a solicitar créditos para pagar el alquiler” y que, en el caso de inquilinos de los colectivos más vulnerables “no quieren endeudarse aún más en un momento en el que han visto cómo sus ingresos se han reducido notablemente al entrar en un ERTE o perder su empleo”.

Por ello, la asociación propuso que los esfuerzos se centren en “establecer un programa de ayudas directas a los arrendadores que no supongan un endeudamiento para los inquilinos, ya que así estos podrían acogerse más fácilmente a fraccionamientos o aplazamientos de la renta, lo que reduciría de forma importante la morosidad”.

Ante la medida aprobada por el Gobierno del derecho a préstamo de hasta 900 euros al mes para arrendatarios en situación de vulnerabilidad en forma de microcrédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a pagar en seis años, ampliables a diez, Asval alertó de que muchos inquilinos están renunciando a solicitar los avales del ICO al alquiler, “puesto que no quieren incrementar sus niveles de endeudamiento en una situación de reducción de ingresos por la pérdida de sus empleos”.