Lo dijo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia después de que ayer la Comisión presentara su plan de recuperación frente a la pandemia valorado en 750.000 millones de euros (500.000 en transferencias y 250.000 en préstamos), de los que España podría recibir 140.000: 77.000 a fondo perdido y 63.000 en préstamos.

La jefa de la diplomacia se refirió a cómo pueden recibir este plan los ‘países frugales’ (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia), que pretenden que el fondo de recuperación esté limitado en el tiempo a dos años, basado únicamente en préstamos y condicionado a reformas.

Lo hizo mostrando su confianza en que estos países deben comprender que “esto no es una pelea norte-sur, sino por recuperar el pulso económico de Europa, que se tiene que recuperar entre todos”.

Por ello, llamó a comprender que el impacto económico del coronavirus no es consecuencia del colapso de un determinado sector ni de la mala gestión de un país en concreto y abogó por “dar juntos al botón de reinicio de la economía”, un mensaje, según González Laya, que “va calando”.

Esto le sirvió para comentar que, si bien los ‘halcones’ europeos han sentido un impacto de la pandemia más liviano en términos sanitarios, sus economías también se han parado como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la extensión de la pandemia.

Por ello, confirmó que el Gobierno se encuentra “en constante diálogo” con ellos y con los países del este de Europa para “ayudar de manera decisiva al consenso europeo”.

La ministra explicó que la Comisión pedirá a los países que se acojan al fondo las “reformas usuales y habituales en la gestión de las economías europeas”: las vinculadas al semestre europeo, el “examen de conciencia” que los Estados miembros pasan cada seis meses para explicar los planes que desarrollarán para evitar desequilibrios macroeconómicos.

En ese sentido, explicó que el Gobierno ya ha decidido proceder a “una reforma mayúscula de su economía” con la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la ley de cambio climático.

Por su parte, la ministra de pronunció sobre la reciente decisión del Gobierno de levantar la cuarentena para visitantes que procedan de otros países a partir del próximo día 1 de julio.

Lo hizo para exponer que sería recomendable que existiera una “definición europea” que determine con claridad qué se considera por país seguro de procedencia y cuáles serán los controles sanitarios a los que deban someterse los nacionales procedentes de terceros países, con el fin de evitar que los países tomen decisiones unilaterales incurriendo en “ejercicios de discriminación”.