Aunque aplaude la medida porque, a su juicio, “doblegará la curva de la pobreza”, la ONG insistió en que es preciso que la prestación se extienda a colectivos vulnerables que podrían no percibirla, como los solicitantes de asilo.

En este sentido, recordó que España era, hasta ahora, “el único (país) de la Unión Europea que carece de una renta estatal para hogares empobrecidos”. La prestación se aprobará este mismo mes de mayo y, según Oxfam, “estamos ante un ejercicio trascendental de justicia social”.

La organización calcula que para acabar con la pobreza severa en España serían necesarios “unos seis mil millones adicionales”, por lo que “nos preocupa que eso signifique que el umbral de acceso sea demasiado bajo, generando agravios comparativos entre familias que viven situaciones de vulnerabilidad extrema muy similares y que se quedarían sin prestación por unos pocos euros de diferencia”.

La organización reclamó que el objetivo del Ingreso Mínimo Vital sea “acabar con la pobreza severa entendida como todos los hogares que viven por debajo del 40% de la mediana de ingresos”.

La otra preocupación de la ONG es que el decreto “discrimine por su situación administrativa a las familias con grandes necesidades”, como migrantes en situación irregular o personas que tienen su solicitud de refugio admitida a trámite.

De hecho, la ONG recordó que urge “una regularización extraordinaria de personas migrantes y el cambio de la actual Ley de Extranjería”, por la situación derivada de la crisis del coronavirus, pero, “mientras esto ocurre, debemos al menos garantizar que hogares con menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata puedan percibir ese Ingreso Mínimo Vital”.