En un auto, el magistrado acuerda continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados en relación al concejal pudieran ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que, en el caso de los dos representantes de la empresa, el instructor toma esta decisión por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito contra la ordenación del territorio.

En este sentido, el instructor da traslado a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

El juez, de otro lado, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra un cuarto investigado, vinculado a la empresa de excavaciones, al considerar que de las diligencias hasta ahora practicadas “se desprende que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” que se le atribuía y que dio lugar a la formación de la causa contra él.

El magistrado incoó diligencias previas tras recibir un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva donde se advertía de la realización de unas obras en los Acantilados del Asperillo, obras que, según expone el juez en este auto de 11 de marzo, “obedecen a unas labores de mantenimiento” en la bajada a la playa utilizada por una empresa de visitas a caballo representada por dos de los investigados.

De este modo, y según indica el juez, dichas labores de mantenimiento “cuentan con sendas autorizaciones de fechas 9 y 11 de julio de 2019 otorgadas” por el concejal, “la primera autorizando a la empresa de excavaciones” del investigado cuya causa ha sido archivada “a realizar labores de mantenimiento en la bajada a la playa, y la segunda a continuar las labores citadas una vez conocido el acta expedida por el vigilante de costas el 10 de julio de 2019”.

Contra el auto dictado por el instructor cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y, subsidiariamente con el anterior o por separado, recurso de apelación en el plazo de cinco días.