Las ONG indicaron en un comunicado conjunto que la Asamblea Regional ha aprobado dos decretos leyes del Gobierno autonómico que modifican cuatro leyes: la Ley de Puertos, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Protección Ambiental Integrada.

Subrayaron que estas medidas se suman a la tendencia del Gobierno regional en el "desmantelamiento de la política ambiental". "Las sucesivas reformas han ido siempre en el sentido de reducir tiempos, supuestos sometidos a evaluación y garantías administrativas y ambientales, mientras la administración ambiental se mantenía en una estructura infradotada de medios personales, económicos y materiales", afirmaron.

De hecho, apuntaron que hace unos meses se propuso externalizar el personal que tramita las autorizaciones ambientales y se dedica a la inspección para dejarlo en manos de un ente llamado Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), formado por "personal precario y que no ofrece garantías de independencia y objetividad al servicio del interés público".

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones ambientales es que se utilice la herramienta del decreto ley, que evita la participación pública, el dictamen de órganos consultivos, como el Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, y de otras administraciones.

“DECRETAZOS”

Las organizaciones calificaron las medidas como "decretazos" y denunciaron que suponen un aumento de la contaminación, ya que se permite aumentar hasta un 30% el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones y, en general, la contaminación, sin evaluación ambiental alguna.

Además, apuntaron que se reducen los controles y menguan las ya escasas garantías de una evaluación independiente y objetiva de los proyectos, poniendo en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización.

También lamentaron las "autorizaciones exprés" porque se reducen las garantías de evaluación adecuada y suficiente, al disminuir los periodos de consulta y de información pública, y al ofrecer autorizaciones en 30 días a las modificaciones y ampliaciones de las instalaciones que consideren como 'no sustanciales', lo que dará lugar a autorizaciones "apresuradas" que aumentarán el descontrol, la contaminación y otros impactos ambientales.

"Los cambios legislativos aprobados en Murcia favorecen los beneficios privados a corto plazo a costa de eliminar una parte sustancial de los controles ambientales existentes, que son ya muy insuficientes, lo que tendrá muy negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública. El colapso ecológico del Mar Menor es un magnífico ejemplo de estas dinámicas", recalcaron.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertaron de que esta dinámica de rebaja de la normativa ambiental se está poniendo en práctica otros territorios (Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia), algo "absolutamente incompatible" con la declaración de emergencia climática adoptada por el Gobierno español el pasado enero.