En esta línea, el informe señala que el año pasado se recibieron unas 800 quejas, la mayoría relacionadas con el ámbito de la atención primaria y la atención especializada. Las relativas a listas de espera reflejan la escasez de profesionales o la consecuencia de la falta de servicios y especialidades, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño.

El traslado de pacientes entre comunidades autónomas por necesidad social, el transporte sanitario urgente y programado y la prestación farmacéutica motivaron también un número apreciable de quejas de los ciudadanos.

SALUD BUCODENTAL

El Informe Anual también destaca que se viene planteando desde hace muchos años la necesidad de ampliar en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud las prestaciones de atención a la salud bucodental.

Algunas comunidades autónomas están desarrollando programas, especialmente dirigidos a la población infantil. Se han tramitado en 2019 dos quejas referidas a pacientes con una malformación congénita con anodoncia, supuesto contemplado en el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. Estas personas habían encontrado dificultades para la realización de los implantes dentales que precisaban.

En el caso planteado ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el paciente solicitaba que también fuera financiado el coste de las prótesis que se debían colocar tras la realización de los implantes.

COHESIÓN SANITARIA

Por otro lado, el Defensor del Pueblo valora de manera muy positiva la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud por el Decreto-ley de 2018 que amplió la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular.

Sin embargo, algunos aspectos que pueden afectar a personas en situación de vulnerabilidad económica y social "quedaron regulados de forma incompleta", lo que exigiría una corrección normativa en cuanto fuera posible.

Por ello, el Defensor realizó recomendaciones para garantizar la asistencia sanitaria gratuita a colectivos vulnerables que aún están excluidos de la normativa. Otras recomendaciones destacadas tuvieron que ver con la reducción de las listas de espera y para impulsar la salud mental en el SNS.