El informe, donde se recuerda que en 2019 fueron asesinadas 55 mujeres y tres menores, aboga por "mejorar la formación de los funcionarios que atienden" a las víctimas y que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul.

Por esto ha formulado nuevas recomendaciones para mejorar el sistema de protección de las víctimas como, por ejemplo, pedir a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género un plan de formación sobre violencia de género y tratamiento de las víctimas para todo el personal de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales.

El Defensor del Pueblo considera también "imprescindible" impulsar la educación en igualdad y subraya que las mujeres en situación administrativa irregular son las más vulnerables.