Sobre la presentación de las declaraciones de IRPF, el organismo presidido por Francisco Fernández Marugán señala que “el proceso de modernización tecnológica emprendido por la administración tributaria supone la introducción paulatina de nuevos medios y requisitos tecnológicos que vienen a modificar las formas y procedimientos de relación con los ciudadanos”, generando con ello, “cambios, a veces bruscos, en las rutinas ya asumidas por los ciudadanos”.

Así, destaca que “tanto el IRPF como la mayor parte de tributos se gestionan, en la actualidad, bajo el régimen de autoliquidación, sistema que, a cambio de simplificar la gestión administrativa, exige del contribuyente un grado mayor de conocimiento de la norma tributaria, así como cierta capacidad para interpretarla”. De esta forma, añade, “se traslada a los ciudadanos, tanto la obligación de liquidar correctamente, como la de adaptarse, con suficiente agilidad, a las nuevas formas tecnológicas establecidas para ello”.

Por ello, ante la eliminación de la presentación en papel de la declaración de la Renta y la obligación de hacerlo por internet, teléfono, o con cita previa en las oficinas de la Agencia Tribtuaria, el Defensor considera que supone “un problema para algunos contribuyentes, en especial personas mayores poco habituadas a utilizar las nuevas tecnologías, residentes en el ámbito rural y en la España vacía, con peor acceso a las oficinas de la AEAT y a las sucursales bancarias y donde internet tiene menores tasas de penetración”.

Ante esta situación, el organismo considera necesario “que una parte de los recursos que se liberan mediante el traslado a los ciudadanos de una mayor responsabilidad en la tramitación informática de sus declaraciones se destinen a la atención más personalizada de los contribuyentes especialmente necesitados de asistencia”, así como “ir simplificando la plataforma Renta web, de forma que resulte plenamente utilizable por cualquier persona con escasos conocimientos informáticos”.

LENGUAJE DIDÁCTICO

Por otra parte, ante las quejas de ciudadanos sobre la complejidad del lenguaje utilizado por la Dirección General de Tributos en sus respuestas a consultas tributarias, el Defensor del Pueblo advierte en su informe que dicho lenguaje “debe ser suficientemente claro, de forma que el ciudadano entienda correctamente lo que la administración está afirmando y pueda actuar en consecuencia”. “El reto es que dicha respuesta, además de rigurosa, sea didáctica; esto es, que explique, de forma comprensible, la normativa tributaria y su aplicación en cada caso concreto”, indica el informe.

En concreto, el Defensor, aunque reconoce “la realización de importantes esfuerzos en el sentido apuntado”, apunta que “siguen detectándose respuestas de difícil comprensión” y cita el ejemplo de la respuesta ofrecida a una ciudadana aquejada de una discapacidad física y psíquica, que consultaba sobre el patrimonio protegido. Así, el Defensor recomienda a la Dirección General de Tributos “que en las contestaciones a las consultas tributarias escritas utilice un lenguaje más didáctico y adaptado a las concretas cuestiones planteadas por el contribuyente”.

QUEJAS

Con carácter general, el informe señala que “la gestión de los tributos y demás exacciones” dio lugar al 57 % de las quejas recibidas en el ámbito de la Hacienda Pública, de las cuales casi nueve de cada diez versan sobre tributos estatales, locales o de tributos cedidos a las comunidades autónomas.

En concreto, los tributos que más quejas concentraron fueron el IRPF y el impuesto de bienes inmuebles (IBI), así como el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Asimismo, los procedimientos tributarios y los derechos y garantías de los contribuyentes supusieron el 29,5 % de las quejas recibidas por el Defensor en este campo, con especial incidencia en los procedimientos de recaudación, y en los recursos y reclamaciones, que conjuntamente totalizaron los dos tercios de los asuntos encuadrables bajo dicha rúbrica, mientras que las cuestiones referidas al Catastro Inmobiliario sumaron el 13,4 % de las quejas.

El informe indica que la proporción de admisión a trámite de las quejas en este ámbito ronda el 50%, siendo “especialmente significativa en algunos ámbitos como, por ejemplo, en los procedimientos catastrales, los recursos y reclamaciones vinculados a los procedimientos tributarios, donde se admiten tres de cada cuatro quejas, en muchos casos por estar motivadas en las demoras que padecen los tribunales económico-administrativos o los derechos y garantías del contribuyente”.

Los organismos y administraciones con los que el Defensor mantuvo mayor número de actuaciones como resultado de la admisión a trámite de quejas fueron, por orden cuantitativo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), algunas agencias autonómicas y organismos locales (destacando las de los municipios de Madrid, Arganda del Rey y Alicante), los tribunales económico-administrativos, tanto central como regionales, las gerencias provinciales del Catastro, entre las cuales figuran las de las cuatro provincias gallegas, y ,con cifras más limitadas, órganos centrales del Ministerio de Hacienda (Secretaría de Estado de Hacienda y Dirección General de Tributos).

En cuanto al tiempo medio de respuesta por parte de estos organismos, el Defensor considera que es “aceptable”, ya que la emisión de primeros requerimientos resultó necesaria en el 32,7% de las admisiones a trámite, mientras que en un 9,6% de las tramitaciones fue necesario acudir a un segundo requerimiento de respuesta y los terceros requerimientos fueron necesarios en el 2,7% de las admisiones tramitadas a lo largo de 2019.

Respecto del resultado obtenido con la tramitación, en el 32,5% de los expedientes se apreció una actuación correcta por parte de la Administración, mientras que en un 34% de los casos se resolvió que había existido una actuación incorrecta que la Administración subsanó, total o parcialmente, como consecuencia de la intervención de esta institución, y el 6,7 % de los expedientes concluyeron con su resolución por la Administración, aunque tras el inicio de la intervención por parte del Defensor del Pueblo.

Las conclusiones con diferencias de criterio, esto es, en las que se apreció una divergencia sustancial entre la posición de la Administración y la del Defensor, supusieron el 2,9 % de los cierres y se concentraron en asuntos relacionados con las haciendas estatal y local.