Este reproche a Torra figura en el Informe de 2019 del Defensor del Pueblo, institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán y que en este balance vuelve a reiterar las críticas que ya hizo al presidente catalán en 2018, en que se le reprochó la colocación en edificios públicos de elementos con contenido ideológico.

Se da circunstancia de que Torra fue condenado el 20 de diciembre de 2019 a la pena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia que cometió al negarse a quitar los lazos amarillos de edificios de la Generalitat durante la campaña para unas elecciones.

A este respecto, en el Informe de 2019 del Defensor del Pueblo se dice que mantiene su “actualidad” lo que ya dijo en el balance de 2018 “sobre la instalación de simbología partidista en las fachadas y otros lugares de edificios públicos en sedes autonómicas y locales”.

Según la institución que dirige Fernández Marugán, los gobernantes tienen “la necesidad de respetar el principio de neutralidad ideológica”. “Las instituciones públicas no deben ser correlatos”, afirma, “de los partidos políticos y demás entidades de la sociedad civil (real y legítimamente plurales)". "Representan a todos y precisamente por ello -y porque deben no sólo estar, sino también parecer estar, al servicio de todos- han de guardar una exquisita neutralidad, también en el terreno de los símbolos”.

CIUDADANOS “PRESIONADOS”

En el informe de 2019 el Defensor del Pueblo alude, a pesar de estas advertencias de 2018, “se siguen recibiendo quejas de ciudadanos por la instalación de símbolos de contenido ideológico en los edificios públicos y por la resistencia de las administraciones públicas a retirar esta simbología, pese a dirigirse a ellas instando su remoción y apelando a la necesaria neutralidad que debe presidir la actuación de las administraciones públicas”.

En este sentido, se alude a que se pidieron aclaraciones por escrito al gabinete de Torra y que este esgrimió la libertad de expresión para seguir colocando pancartas con mensajes que tengan una “carga ideológica”. Sin embargo, el presidente catalán reconoce en su contestación que su postura “pudiera no ser admitida de forma unánime por toda la población”.

Frente a esta tesis, el Defensor del Pueblo recuerda “que las libertades ideológica y de expresión son derechos y libertades fundamentales de las personas, no de las instituciones públicas a través de sus representantes, y que son las personas las que tienen derecho a la neutralidad ideológica de tales instituciones, que no son partidos políticos ni entidades cívicas”.

El informe destaca que “los ciudadanos tienen derecho a acudir a las dependencias administrativas sin sentirse presionados por la posición política dominante o mayoritaria de sus dirigentes y a desenvolverse en sus relaciones con las administraciones públicas en un ambiente de objetividad y ausencia de imposición ideológica”.