Así lo indicó el sindicato después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria de acuerdo a la transposición de la directiva europea conocida como ‘DAC 6’, y que obliga a que los asesores legales y tributarios y las entidades financieras y las multinacionales faciliten a la Agencia Tributaria la información de los mecanismos transfronterizos en los que intervengan o comercialicen, así como de la empresa o persona que los haya utilizado.

Para ello, Gestha explicó que, como salvaguardia, los asesores y entidades financieras estarán exentos de cualquier responsabilidad por declarar esa información a la AEAT, aunque hubieran firmado contratos de confidencialidad con las multinacionales, aunque, a cambio, se establece la obligación de informar a sus clientes de que van a facilitarla.

Además, la ley incluye un régimen sancionador por la falta de presentación, presentación inexacta o incompleta de las declaraciones, estableciendo, con carácter general, una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros. De esta forma, Gestha apunta que, para disuadir del incumplimiento de esta nueva obligación, dicha sanción puede igualar el importe de los honorarios del asesor o el valor de la evasión fiscal producida con el mecanismo transfronterizo.

“De haber estado vigente esta obligación antes”, Gestha cree que “los asesores hubieran informado a la Agencia Tribtuaria de casos como el protagonizado por las cuatro grandes firmas de la asesoría tributaria internacional, las ‘Big4’, en el escándalo conocido como Lux-Leaks, o los protagonizados por algunos artistas o deportistas de élite”.

Por otra parte, los técnicos también resaltaron que la prohibición de prolongar los ERTE a las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados de paraísos fiscales “supone un paso adelante en la estrategia para la erradicación de estos territorios opacos”.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “unos 140.000 millones de capital de sociedades españolas, más del 12% del PIB, está en paraísos fiscales; mientras tanto, los principales responsables de la evasión son los grupos empresariales que, con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años”.