Según detalló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, vigila empresas clave en sectores “críticos” como son los transportes, energías u otras industrias, pero “no hay ninguna decisión respecto a ninguna participación en ninguna de ellas”.

Montero explicó la situación al ser preguntada de forma específica sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pudiese entrar en el capital de compañías después de que la Comisión Europea haya aprobado la nacionalización temporal de empresas como una ayuda para superar la crisis, teniendo que abandonar su capital antes de seis años si son cotizadas o siete de no serlo.

En cuanto a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la posibilidad de ampliar la línea, Montero explicó que el programa de 100.000 millones de euros se ha ido habilitando en diferentes tramos con la intención de ir “poco a poco” viendo las necesidades reales de las empresas y “adaptarlo a la demanda”.

Así recordó que se han liberado ya tres tramos: dos por un valor de 20.000 millones de euros cada uno y un tercero por 24.500 millones, y liberará más cantidades a medida que se cubran las habilitadas. “En la medida agotemos esa línea de liquidez, que ¡ójala esté dando una respuesta efectiva a las necesidades del tejido empresarial!, podemos plantearlos la posibilidad de ampliarlas”, indicó.

Según la ministra, la línea del ICO se ha revelado como una herramienta de “enorme utilidad para el conjunto del tejido productivo” ya que, al garantizar el Estado los avales en porcentajes que en el caso de las pymes llegan al 80% y respaldar así las operaciones que pudieran fallar, facilita que la banca dé la liquidez o créditos que precisan empresas y autónomos.