Mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, la formación de Pablo Casado recuerda que ministros de Unidas Podemos “cargaron duramente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condena a la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a 19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños”.

Desde entonces, “todos los ministros interpelados -incluso en sede parlamentaria- se han limitado a defender las críticas del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y demás miembros del Gobierno a la Justicia en el marco de su libertad de expresión”, sostiene el PP, al tiempo que asevera que “este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable”.

El PP argumenta en esta iniciativa que “la doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial pueda ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del Gobierno”, por lo que “afirmar, como han hecho miembros del Gobierno, que la Justicia española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor”.

Por ende, los populares buscan con esta iniciativa “evitar que se repita esta situación y garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial y la Justicia, que es propugnada en el artículo 1 de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el pasado 22 de abril una sentencia contra la diputada autonómica de Unidas Podemos por varios delitos de atentado, lesiones leves y daños a unos agentes de policía cuando en 2014 intentó impedir el desahucio de una persona con discapacidad.

Los jueces condenaron a Serra a 19 meses de prisión y a una multa de más de 2.000 euros, así como a pena de inhabilitación para ostentar cargo público. La diputada autonómica de Unidas Podemos tachó la sentencia de “desproporcionada e injusta” y su compañero Iglesias dijo sentir "una enorme sensación de injusticia" pese a acatar la decisión judicial.

“Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", criticó entonces el vicepresidente del Gobierno a través de las redes sociales.

Esta reacción de Iglesias provocó la protesta del Consejo General del Poder Judicial que, a través de una declaración de su Comisión Permanente, expresó “su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no sólo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia”.