Así lo defendió en la reunión telemática que mantuvo con las regiones y en la que el titular de Consumo realizó una evaluación conjunta entre administraciones de las medidas de protección a consumidores puestas en marcha por su cartera durante el estado de alarma.

Por otro lado, Garzón propuso una estrategia de trabajo que sirva para “planificar y anticiparse” a las “millones” de “potenciales” reclamaciones que el ministerio estima que se pueden producir “en las próximas semanas”. “Esto debe ocurrir sin mermar las garantías de protección a los consumidores y usuarios en la fase de desescalada”, precisó.

En el encuentro telemático, que se ha prolongado durante tres horas, Garzón agradeció a las CCAA su “participación y esfuerzo realizado durante esta crisis” y explicó que todas las administraciones están trabajando por el interés general de la mayoría social, lo que implica coordinar todos los medios y vías existentes para sancionar fraudes y abusos.

En este sentido, el ministro destacó la protección que requieren las personas más vulnerables y que “con mayor intensidad” están sufriendo la crisis.

El sistema arbitral de Consumo es un mecanismo por el que las administraciones públicas ponen a disposición de los consumidores y usuarios una vía administrativa para resolver los conflictos y reclamaciones que surgen entre clientes y empresas y Garzón pidió “expresamente” un “esfuerzo” a las regiones para que “se impulsen y refuercen” los recursos destinados a las Juntas Arbitrales de Consumo.

Un sistema que, a su entender, “ha demostrado ser una vía accesible, gratuita y garantista” para los consumidores y aseguró que es un “buen instrumento a través del cual canalizar buena parte de las reclamaciones que puedan presentarse durante esta fase”.

Según los datos con los que trabaja el Ministerio de Consumo, la “mayor parte” de las reclamaciones ante servicios no prestados no se han producido todavía debido, en gran medida, a las limitaciones del estado de alarma y su previsión es que empiecen a realizarse “masivamente en próximas fechas, coincidiendo con la fase de la desescalada”.

INSPECCIONES

De otro lado, el ministro propuso también “mejorar” los mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades para la vigilancia del mercado y de las reclamaciones ante posibles abusos y fraudes y pidió a las regiones que se mantenga “el compromiso, el esfuerzo y el espíritu de colaboración” que, dijo, “ha primado durante la gestión de la crisis para gestionar la desescalada”.

Con tal motivo, se producirá un “rediseño” del Plan de Inspecciones que refuerce la vigilancia e inspecciones en productos básicos y mascarillas higiénicas y Garzón se mostró “receptivo” a que las regiones trasladen a su departamento sus “visiones sobre las problemáticas sectoriales”. “La realidad de los sectores es heterogénea en cada territorio y sus distintas visiones serán de utilidad”, apostilló para, a continuación, hacer hincapié en la importancia del canal comunicación abierto con las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) durante la crisis para la resolución de dudas y “cuestiones interpretativas que puedan darse sobre la normativa aprobada a consecuencia de la crisis”.

El ministerio valora la posibilidad de celebrar mesas sectoriales a tres bandas junto a las asociaciones de consumidores y usuarios y sectores afectados.

Junto al titular de Consumo, a la reunión han asistido el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero y la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea