En una entrevista concedida a Servimedia, Caamaño se refería así a la nueva Ley del Aborto, cuyo proyecto de ley se espera que sea aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso.

Sobre si las menores de 16 años deben avisar a sus padres para abortar, el ministro dijo que la última palabra la tienen los diputados en la tramitación parlamentaria, aunque apuntó que una posibilidad existente es “la solución francesa de que (la menor) vaya acompañada de un adulto, que no necesariamente tienen que ser sus padres, puede ser otra persona de su confianza, un profesor”.

No obstante, Caamaño aseguró que el Gobierno sigue defendiendo que una menor de 16 años pueda abortar por propia iniciativa y tras haber sido “debidamente informada”. Añadió que “hacer que una mujer de 16 años tenga que ir acompañada de su padre a pedir autorización puede hacer que esa niña vaya a un circuito paralelo que no sea el del sistema público de sanidad”.

Destacó que esto puede hacer que la menor “ponga también en peligro su vida”, ya que acudiría a clínicas no oficiales, con los riesgos sanitarios que conlleva, para interrumpir un embarazo con el que no quiere seguir adelante.

También se refirió a que el Ejecutivo entiende que el sistema actual de interrupción de la gestación debe ser modificado porque “sigue habiendo un número enorme de embarazos no deseados, que ese número afecta a mujeres muy jóvenes en términos generales y que el sistema no es lo bastante seguro ni para los profesionales ni para la mujer”.

Por este motivo, Caamaño dijo que el Gobierno defiende que, tras informar a la embarazada que quiere abortar, es conveniente fijar un plazo en el que se pueda tomar esta decisión, sin que ello esté condicionado por otros informes médicos, como sucede en la actualidad.