En esta pieza el juez considera que hay indicios para juzgar a Villarejo y a otras 13 personas por delito continuado de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica.

El magistrado archiva la causa para otras cinco personas, entre ellos varios subordinados de Villarejo porque, según explica el juez en su auto, no ha quedado acreditado que recibieran dádivas por la información que proporcionaron a sus superiores sobre las personas perjudicadas, ni que conocieran la finalidad ilícita pretendida con ese acceso.

En su auto el juez argumenta que los hechos que han sustentado esta pieza se iniciaron cuando responsables del despacho de abogados Herrero y Asociados contrataron los servicios de Villarejo para investigar a antiguos socios y empleados que constituyeron un nuevo despacho. Estarían convencidos de que se servían de antiguos empleados de Herrero para filtrar información y sustraer así contratos de la cartera de clientes de esta firma de abogados.

A través de Villarejo y otro de los investigados, Rafael Redondo, y con un servicio de detectives privados supuestamente pretendían descubrir una hipotética competencia desleal y potenciales ataques en seguridad informática.

La investigación, añade el magistrado, permite acreditar que los servicios fueron mucho más allá de servicios de detectives privados, de manera que bufete acabó contratando a José Manuel Villarejo "a sabiendas de su condición de comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, para que a través de su entramado grupo Cenyt y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial suscitada".

El juez detalla que el precio del encargo se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 en concepto de prima de éxito. De esa cantidad fijada Herrero &Asociados habría abonado 302.500 euros, de forma opaca, a través de facturas creadas `ex profeso´ para simular la legalidad de dichos pagos.

Considera el magistrado que para conseguir la información ilícita se pagaron dádivas a funcionarios públicos. Ahora el juez da un plazo de 10 días para que las acusaciones presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El pasado martes la Fiscalía Anticorrupción se habia dirigido al juez instructor del 'caso Tandem' para pedirle que concluya la instrucción de las dos primeras piezas separadas de la causa y que procese al excomisario Villarejo.

La petición se hacía sobre las piezas dos y tres del caso, conocidas como `Iron´ y `Land´. En la pieza `Iron´ se investiga el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho del que se marcharon para abrir un despacho competidor, el bufete Balder IP Law.

El ministerio público pedía al juez que acusara a José Manuel Villarejo de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil y que formulara acusación contra un total de 14 investigados y una persona jurídica, como así ha hecho este jueves.

El que fuera comisario de policía está en prisión provisional desde noviembre de 2017 y se le ha denegado la salida en varias ocasiones por el riesgo de fuga y la posibilidad de que el investigado pudiera obstruir las pesquisas. Se le investiga por la creación de un entramado para espiar a empresarios y políticos por encargo de empresas y particulares supuestamente sirviéndose de su condición de funcionario.