Así lo anunció la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta, en la que explicó que se ha dispuesto un gasto plurianual de 1,1 millones de euros para prestar este servicio durante dos años, hasta 2022, prorrogables, estando previsto su inicio el próximo mes de agosto.

Esta iniciativa tiene como objetivo “favorecer la integración laboral y social de las personas atendidas, en especial de las que se encuentren en mayor riesgo de exclusión social, con recursos para orientarles y apoyarles en su proceso de integración laboral”.

De este modo, este servicio llevará a cabo acciones directas y concretas para que las personas con adicciones mejoren su formación y capacitación profesional y, por consiguiente, su nivel de empleabilidad en el mercado laboral y su capacidad para mantener después su trabajo.

También promoverá el acercamiento, la sensibilización y la colaboración del sector empresarial, puesto que entre los objetivos de la iniciativa se encuentran “acoger, motivar y orientar a las personas atendidas; llevar a cabo con ellas itinerarios formativos y labores individualizadas; ofertar los recursos de formación y capacitación profesional más adecuados; acercarles a las bolsas de empleo y facilitarles el acceso y la inscripción; supervisarles y acompañarles para asegurar el correcto desarrollo de sus itinerarios y fomentar el autoempleo siempre que sea posible”.