Con esta resolución concluye el proceso de aprobación de los acuerdos marco, que darán seguridad jurídica a las empresas para entrar en el mercado ferroviario. Tanto Renfe como sus dos competidores, Ilsa y Rielsfera, han obtenido autorizaciones para operar diez años.

La Ley del Sector Ferroviario señala que estos acuerdos serán de cinco años, salvo causas excepcionales que deben justificarse.

La CNMC en su Resolución de 6 de abril de 2020 señalaba que Adif Alta Velocidad y Renfe no habían acreditado la existencia de razones extraordinarias, por lo que no procedía la extensión del plazo máximo fijado por la Ley del Sector Ferroviario mientras no se aportase una justificación adecuada para ello.

Ahora, la CNMC considera que la nueva documentación aportada por Renfe recoge detalladamente la flota y la inversión que realizará para prestar servicio en la capacidad marco comprometida con Adif.

Además, explica que la información inicialmente comunicada sobre los recursos comprometidos por Renfe se correspondía con su plan global de prestación de los servicios de alta velocidad. Es decir, no desglosaba ni especificaba la información correspondiente a los corredores y servicios objeto de asignación de capacidad marco.

Por otro lado, indica que Renfe ha acreditado en la nueva información remitida que el contrato actualmente vigente de prestación de obligaciones de servicio público (OSP) requiere numerosos surcos en la red de alta velocidad para prestar los servicios Avant. El citado contrato finaliza en 2027 y puede ser prorrogado hasta 2032.

No obstante, la CNMC recuerda que, según la normativa europea, a partir de 2023 se debe sacar a concurso público la prestación de los servicios sujetos a OSP. Cuando llegue ese momento, este acuerdo marco podría restringir la entrada de competidores en este mercado. Por este motivo solicita a Adif Alta Velocidad que aplique lo previsto en la normativa ferroviaria para modificar, si fuera necesario, la capacidad marco adjudicada a Renfe.

Renfe ha acreditado también en la nueva información aportada inversiones especializadas, tal como señala la Ley del Sector Ferroviario. Así como los riesgos derivados de la amortización pendiente de su material rodante.

Una vez firmado el acuerdo marco con Adif, las empresas que tienen previsto iniciar su actividad el 14 de diciembre deben solicitar al gestor de la infraestructura ferroviaria los surcos (trayectos) antes del 15 de junio de 2020.