La asociación, a través de un escrito dirigido al Alto Tribunal y al que ha tenido acceso Servimedia, pide permiso para retransmitir la vista oral a través de su propia página Web o mediante “cualquier otro soporte”.

El escrito, firmado por Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, subraya que es “un derecho de la opinión pública el acceso a los procesos judiciales” y que “la transparencia es un deber por parte de los poderes del Estado”.

La fecha para la celebración de la vista oral no se conocerá hasta que no se resuelvan las recusaciones interpuestas por Garzón contra cinco magistrados del Tribunal Supremo, incluido el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, todos ellos miembros del tribunal que le va a juzgar por su investigación de los crímenes del franquismo.

Las recusaciones presentadas por Garzón, que han sido apoyadas por la Fiscalía, sostienen que los cincos magistrados de la Sala de lo Penal han demostrado tener un interés directo en la causa y han incurrido en una falta de imparcialidad por haber participado activamente en la instrucción de la investigación.

PARALIZACIÓN DE LA CAUSA

El Tribunal Supremo decidió el pasado 14 de enero paralizar la causa abierta contra Garzón hasta que se resuelvan estas recusaciones. El magistrado, que trabaja como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional desde que fue suspendido cautelarmente en sus funciones, se encuentra a las puertas de ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo, una causa en la que Manos Limpias y Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación para él al acusarle de un delito de prevaricación.

Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.