La garantía será para colocaciones exclusivamente de empresas no financieras en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que tengan sede social en España y un programa de pagarés incorporado al MARF antes de la entrada en vigor del real decreto ley del 21 de abril.

Para acceder a estas garantías, las compañías no podrán encontrarse en una situación de crisis según la normativa de la Unión Europea y los pagarés deberán emitirse antes del 30 de septiembre de 2020.

El coste para disfrutar de la garantía del Estado será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses, y la gestión de los avales será realizada por el ICO en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Su puesta en marcha forma parte del tercer tramo de avales del ICO aprobado hoy por el Consejo de Ministros por otros 24.500 millones y que eleva a 64.500 millones las garantías dispuestas del programa original de 100.000 millones.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en rueda de prensa que se exigirá a los emisores tener sede social en España para evitar que lo usen empresas radicadas en paraísos fiscales o empresas que luego distribuyan dividendos.

También avanzó que el programa prohibirá “de forma expresa” y por vez primera a las entidades bancarias “cargar ningún coste financiero sobre el crédito no dispuesto por el cliente”. Se ha impuesto en atención a las “quejas” expresadas por algunos clientes, e indicó que el Ejecutivo está sometiendo la concesión del programa del ICO a una labor de “vigilancia” para evitar conflictos y optimizar su uso.

De los 24.500 millones, 20.000 millones son para garantizar financiación a pymes y autónomos por un lado y a empresas mayores, por otro, al 50%, con el mismo grado de garantías que en los programas previos.

Así, garantizará al 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% en el caso de las operaciones de renovación. Los avales tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.

El nuevo tramo con cargo al ICO incluye 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y aumentar así la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las Comunidades Autónomas.

El aval máximo aquí será del 80%, si bien podrá variar en cada operación para complementar el aval que también concede el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a Cersa, sin que ambos avales puedan superar conjuntamente el 90%. Su plazo máximo será de cinco años.

Economía indicó que, con los datos disponibles hasta el pasado domingo, las empresas españolas han recibido 36.190 millones de euros en financiación a través de la línea de avales. Se han beneficiado de la misma 269.843 empresas, que han recibido avales por importe de 27.510 millones de euros.

El 98% de las nuevas operaciones corresponde a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, con 264.862 operaciones avaladas, por importe de 18.998 millones de euros. Estos avales han permitido que fluya financiación por más de 23.773 millones de euros. Asimismo, se han garantizado 4.981 operaciones de grandes empresas, por importe de 8.511 millones de euros, que les han permitido obtener financiación por más 12.400 millones.