Las piezas son la dos y la tres del caso, conocidas como `Iron´ y `Land´ y que investiga la Audiencia Nacional. En la pieza `Iron´ se investiga el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho del que se marcharon para abrir un despacho competidor, el bufete Balder IP Law.

En la pieza `Land´ se estudia un informe encargado por la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña 'La Finca', Susana García-Cereceda, que supuestamente le pidió que investigara a otros miembros de la familia implicados en la presunta lucha por la herencia millonaria del patriarca.

El ministerio público pide al juez que acuse a José Manuel Villarejo de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, según indica en una nota de prensa la Fiscalía General del Estado.

Anticorrupción solicitará en que se formule acusación contra 14 investigados y una persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, en la pieza `Iron´, mientas que en la pieza tres, la conocida como `Land´, la acusación se dirige contra siete investigados y tres personas jurídicas investigadas, por los mismos delitos.

El que fuera comisario de policía está en prisión provisional desde noviembre de 2017 y se le ha denegado la salida en varias ocasiones por el riesgo de fuga y la posibilidad de que el investigado pudiera obstruir las pesquisas. Se le investiga por la creación de un entramado para espiar a empresarios y políticos por encargo de empresas y particulares supuestamente sirviéndose de su condición de funcionario.

Por tanto, la Fiscalía pide al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la conclusión de la instrucción de estas dos piezas y abordar la fase intermedia del procedimiento, para proceder a la presentación de los escritos de acusación.

Entiende el ministerio público que la formación de piezas separadas permitirá avanzar en el enjuiciamiento de esta causa de extraordinaria complejidad, “incluso con anterioridad al agotamiento de sus plazos”.

Señala la Fiscalía que tras el período de suspensión de plazos y términos procesales derivados del estado de alarma, el real decreto-ley de 28 de abril, acuerda el reinicio del cómputo de los plazos de instrucción para proporcionar seguridad jurídica y procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos.

Esta norma, dice el ministerio público, es respetuosa con la jurisprudencia constitucional y los derechos consagrados en los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, disipa la incertidumbre de las personas investigadas a fin de que puedan acreditar su inocencia o la disminución de su culpabilidad en los plazos legalmente previstos para la investigación judicial.