Así lo afirmó la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión mantenida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sanchez, con los presidentes autonómicos para transmitirles los pormenores del fondo “no reembolsable” de 16.000 millones con el que soportará gran parte del impacto.

Según detalló, las autonomías han recibido este año ya 7.900 millones más que en el año 2019 por mecanismos como la aceleración de las entregas a cuenta y cobrarán así “en torno a 9.500 millones más que lo que les correspondería si el sistema de financiación recogiera la nueva realidad económica tras la irrupción del virus”.

Ocurre así porque las entregas a cuenta se han liberado mantenido el escenario de crecimiento del PIB del 1,6% que el Gobierno barajaba antes de llegar el Covid-19 y no el desplome del 9,2% que comunicó esta semana a Bruselas con el nuevo cuadro macroeconómico, detalló.

“Esa imprescindible proteger y salvaguardar las finanzas de las autonomías”, abundó Montero y dijo que se busca que “ninguna” pueda “decir que ha tenido problemas significativos de liquidez”.

El soporte se completará con el fondo de “reconstrucción” de los 16.000 millones avanzado por Sánchez.

Según subrayó, son recursos que “no tendrán que devolver”, evitando así que deban incurrir para ello en recortes, además de que no afectarán tampoco al recurso de las autonomías a otros fondos de liquidez como el FLA.

Su entrega está prevista en tres tramos: uno primero por valor de 6.000 millones que se desembolsará a “corto plazo” y dos adicionales, de 5.000 millones cada uno, en la segunda mitad del año.

De la cuantía global de 16.000 millones, un total de 10.000 millones irá a asumir el coste sanitario asociado al Covid-19 y para su distribución se tomará, por tanto, “parámetros objetivos de gastos” e “indicadores sanitarios” vinculados a la información que las regiones están enviando al ministerio de Sanidad.

Otros 1.000 millones irán para medidas sociales distribuidas en función de criterios poblacionales y los últimos 5.000 millones serán para compensar la bajada de ingresos sufrida en las distintas autonomías por la caída de la actividad ligada al confinamiento.

La ministra detalló que se utilizarán para su cálculo las referencias de ingresos tributarios de años previos y de los meses anteriores a la crisis sanitaria, y que se analizarán la caída en tributos como el impuesto de actos jurídicos documentados o de transmisiones patrimoniales. “Habrá que distribuirlos por criterios objetivos, equitativos y justos”, resumió.

“Es la mayor inyección de liquidez jamás aprobada”, reivindicó Montero, subrayando que el Gobierno asume con estas actuaciones “su capacidad de liderazgo” y evita apuros a las comunidades autónomas.

La ministra precisó que eso no implica que no tengan que continuar con la responsabilidad fiscal y avanzó que será algo a tratar también en la reunión que mantendrá mañana con los responsables de finanzas de las autonomías y en el próximo Consejo de Política Fiscal.