Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este domingo a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas tras haber anticipado el sábado que se diseñaba sin obligación de retorno “para que ningún territorio se quede atrás en la recuperación”.

Su entrega está prevista en tres tramos: uno primero por valor de 6.000 millones y dos adicionales, de 5.000 millones cada uno, en la segunda mitad del año, según indicaron a Servimedia fuentes al corriente del programa presentado por Sánchez.

Con la cuantía total de 16.000 millones de euros se cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros en gasto sanitario, junto a una partida de 1.000 millones en gasto social y una disminución de los ingresos de las comunidades de aproximadamente 5.000 millones por la actividad económica.

Las restricciones a la actividad y negocios aplicadas para contener la propagación de la pandemia con el estado de alarma tendrán impacto directo en las empresas y, por derivada, en la recaudación tributaria, bien por menores ingresos o bien por las propias medidas fiscales aprobadas por el Gobierno y en las diferentes regiones para ayudar a las compañías y autónomos a solventar la crisis.

El Gobierno prevé que el PIB caiga un 9,2% este año y la tasa de paro suba al 19% como consecuencia del impacto del Covid-19. Para 2021 espera que la economía rebote y crezca un 6,8%, mientras que la tasa de desempleo se reduciría al 17,2%.

Al hacerse cargo el Estado de los costes de la pandemia con el fondo de “reconstrucción”, a las regiones se les asignará un objetivo de estabilidad individual equivalente a un déficit del 0,2% en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Dicho porcentaje supone dejar margen para un incurrir en un déficit de alrededor de 2.200 millones de euros, según las fuentes consultadas.