La organización criticó en un comunicado que "la censura de información esencial sobre la pandemia se ha convertido en un fenómeno mundial" e instó a los gobiernos a "contener su egolatría" y "dar prioridad a la salud pública".

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, AI llamó la atención sobre casos en los que "las autoridades podrían haber puesto el derecho a la salud en peligro al reprimir la libertad de expresión y el acceso a la información".

En opinión de Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional, “no cabe esperar que se contenga este virus si la gente no puede acceder a información verdadera".

"Resulta realmente alarmante ver que muchos gobiernos están más interesados en proteger su reputación que en salvar vidas”, agregó.

"Desde los primeros días de la crisis, periodistas de todo el mundo han puesto en peligro su vida, su libertad y su puesto de trabajo para hacer llegar a la opinión pública información que podía salvar vidas", refirió.

CENSURA PELIGROSA

Según Amnistía, "una característica fundamental del derecho a la salud es el derecho a acceder a información oportuna y exacta".

"En el caso del Covid-19, tal característica supone que todas las personas tienen derecho a acceder a toda la información disponible sobre la naturaleza del virus y su propagación, así como las medidas que puedan adoptar para protegerse", señaló. Sin embargo, lamentó que "gobiernos de todo el mundo han detenido a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación precisamente por difundir este tipo de información esencial".

El 12 de abril, el periódico ruso Novaya Gazeta publicó un artículo de la periodista Elena Milashina en el que se criticaba la respuesta de las autoridades chechenas a la pandemia. En respuesta a ello el líder checheno, Ramzán Kadýrov, publicó en Instagram un vídeo en el que amenazaba a la periodista, señalando que el gobierno y el Servicio Federal de Seguridad rusos iban a “parar los pies a esas personas inhumanas que escriben para provocar a nuestro pueblo”.

En Níger, el periodista Mamane Kaka Touda fue detenido el 5 de marzo tras haber publicado en las redes sociales información sobre un posible caso de infección por Covid-19 en el Hospital de Referencia de Niamey. Fue acusado de “difundir datos con la intención de alterar el orden público”.

Las fuerzas de seguridad de Egipto detuvieron el 18 de marzo a Atef Hasballah, redactor jefe del periódico AlkararPress, y lo sometieron a una desaparición forzada durante casi un mes, a raíz de que hubiera comentado en su página de Facebook que él cuestionaba las cifras oficiales de casos de Covid-19.

En Venezuela, el periodista Darvinson Rojas pasó 12 días detenido tras haber informado sobre la propagación del virus en el país. Fue acusado formalmente de “instigación al odio” e “instigación a cometer delitos”, y quedó en libertad bajo fianza en espera de que se llevara a cabo una investigación penal.

El Gobierno de India citó en comisarías de policía a periodistas que informaban sobre la situación del coronavirus y les obligó a dar explicaciones sobre sus artículos, y muchos otros fueron detenidos.

En Azerbaiyán, Kazajistán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina, entre otros muchos países, se ha procesado a periodistas por informar sobre la pandemia de Covid-19.