Así lo dijo en una nota en la que recordó que, a raíz de la pandemia por el coronavirus Covid-19, el Gobierno central reguló medidas excepcionales para los contratos públicos para que las empresas que mantienen estos contratos con las diversas administraciones no tuviesen que afectar a sus plantillas en ERTE.

Según la oganización sindical, más de 20.000 personas trabajan en ese sector en la Comunidad de Madrid (mayoritariamente mujeres), y solo las cinco empresas más grandes del sector concentran la mitad.

En este contexto, para UGT "no tiene mucha lógica que se suspenda un servicio ya establecido y presupuestado de alimentación escolar, para crear partidas presupuestarias extraordinarias asignándolas a otras empresas cuyos menús cuando menos son cuestionables en calidad alimenticia, en equilibrio saludable y control nutricionista".

"Solo se tenía que haber realizado un estudio de la ubicación de los niños/as afectados y establecer por zonas centros educativos para la recogida de los menús o renegociar con las empresas para que establezcan un sistema de reparto", apuntó la organización.