Prada, hombre de confianza del líder del PP, Pablo Casado, que le nombró director de la Oficina del Cargo Popular para prevenir casos de corrupción, ha presentado, además, un escrito ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que solicita el sobreseimiento de la causa, después de que Tribunal de Cuentas haya dictaminado que no hay de delito contable.

Advierte de que está sopesando “ejercer acciones judiciales” contra Cifuentes por haber promovido “la denuncia que originó la infundada investigación judicial” al ordenar “el traslado, a modo de denuncia, a la Fiscalía General del Estado del Informe de Fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”.

La causa está siendo investigada por el juez José de la Mata, que trata de aclarar las irregularidades presuntamente cometidas en el faraónico proyecto de Esperanza Aguirre e Ignacio González de construir una Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto se abandonó sin haber culminado su construcción a cargo de la sociedad mercantil Campus de la Justicia (CJM).

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos que fue admitida a trámite en agosto de 2018. El ministerio público actuó tras recibir denuncias de la oposición y del Ejecutivo madrileño de PP y sostiene que no hubo un sistema de control sólido de la contratación que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y que salvaguardara los principios que deben regir en la contratación del sector público.

El importe total de la contratación, según la fiscalización de la Cámara de Cuentas, ascendió a 355.577.355 euros. Del proyecto realizado solo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono. Esas actuaciones costaron 90 millones de euros.

Los fiscales denunciaban la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo en varios ejercicios, y deficiencias en la incorporación remitida sobre inversiones, tesorería y el inmovilizado. El informe también describía defectos relevantes de tramitación y contratación ajena al objeto social de la entidad.

Tras conocer el informe de 136 páginas del Tribunal de Cuentas, Prada entiende que está justificada la petición de sobreseimiento, ya que “después de 16 meses de análisis y estudio y de haber examinado 250.000 folios”, llega a la conclusión de que “que toda la actuación fue ajustada a derecho y conforme a la legalidad”, según indica en un comunicado que ha hecho público este miércoles.

Prada insiste en que “no hay indicios para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos” y en que el Tribunal que fiscaliza la gestión económico-financiera del sector público, “colige que la ausencia de certeza de que haya podido producirse daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos (…) Por ello no caber apreciar a los efectos provisionales y cautelares propios de la presentes actuaciones previas, indicios suficientes para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial”.

Este informe contradice las conclusiones de la Cámara de Cuentas de Madrid, que identificó ausencia de control en la construcción del Campus de la Justicia, de la que sólo se llegó a levantar el edificio de la morgue que tuvo que ser habilitado para acoger a los fallecidos por coronavirus durante la pandemia.