Para esta organización, dicha orden “vulnera y pone en cuestión al Código Civil, la Ley del Registro y la propia Constitución Española, respecto del concepto de personalidad jurídica".

Ángeles Álvarez, portavoz de la organización denunciante, explicó que la modificación introducida por el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso supone “un cuestionamiento de lo que la legislación española e internacional entiende por persona”.

Álvarez afirmó que Ayuso “se salta todos los principios jurídicos, para presionar con estrategias de violencia psicológica a las mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado” y mostró su estupor porque Ciudadanos “acompañe en esta estrategia al PP y a Vox".

“Un partido que reconoce el derecho al aborto legal, no debería pasarse al lado oscuro que busca poner en cuestión los derechos constitucionales de las mujeres”, añadió, refiriéndose Cs.

Asimismo, calificó esta reforma de “provocación que solo persigue poner en cuestión la ley del aborto, al convertir a las células fecundadas en persona jurídica”.

En la misiva se expone que es “retorcido y perverso” pretender “reconocerle al embrión desde el mismo momento de la concepción, una personalidad jurídica que no tiene” y se denuncia que la intención de esa orden no es ayudar a las mujeres embarazadas, sino “presionar psicológicamente para limitar la esfera de acción de aquellas que no deseen proseguir con el embarazo”.

También señala que un embrión no es una persona jurídica que establezca ningún tipo de voluntad frente a la embarazada y denuncia que “con toda seguridad la orden es inconstitucional”.

Finalmente, indicó que tras la promulgación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que modificó el artículo 30 CC, hay nacimiento desde que se produce el entero desprendimiento del seno materno con vida y ese es el momento del reconocimiento de que existe una persona sujeto de derechos.

Enclave Feminista no pone en cuestión las ayudas a mujeres embarazadas y recuerda que “puede darse ayuda a una mujer embarazada pero no sobre la base de considerar a un feto como hijo no nacido”.

A su juicio, “puede fortalecerse la ayuda a las embarazadas, sin vulnerar la legislación que exige considerar miembros de la unidad familiar a los nacidos e inscritos en el Registro Civil”.