El proceso de cierre y desmantelamiento de una central de generación exige una serie de trámites previos, entre ellos el informe de Red Eléctrica de España (REE) en su calidad de operador del sistema eléctrico, antes de su autorización por el Ministerio, cuando como en este caso la competencia corresponde a la administración estatal.

Además, la CNMC emite un informe preceptivo en el que analiza la propuesta de resolución del Ministerio y puede o no realizar observaciones a la misma. Para la clausura de cualquier central de generación eléctrica, las empresas titulares deben presentar un plan ordenado de cierre y la justificación económica para ello.

En Compostilla, Endesa plantea cerrar tres grupos de generación, que suponen un total de 1.051,7 megavatios (MW) de potencia instalada y fueron puestos en marcha en la década de los 70 y los 80. En 2007 y 2015 ya se autorizó el cierre de otros dos grupos más antiguos.

La central, a partir del 1 de julio de 2020, incumplirá los límites legales de emisiones y, por tanto, no podrá seguir en funcionamiento. Para adaptarla técnicamente, se tendrían que realizar fuertes inversiones.

Por su parte, el grupo 1 de La Robla entró en servicio en 1971 con una potencia neta de 264 MW y el grupo 2 en 1979 con una potencia neta de 355 MW. Entre los años 2000-2004 la central operaba, de promedio, 6.450 horas equivalentes a plena carga. Sin embargo, durante los últimos cinco años, ha tenido un factor de utilización promedio de sólo 2.780 horas equivalentes. En particular, en 2018, el grupo 2 registró 2.307 horas equivalentes de funcionamiento a plena carga (el grupo 1 ninguna), lo que ha supuesto una producción de 819 GWh.

Por ello, según el análisis del operador del sistema, el funcionamiento de esta central de Naturgy no se considera necesario para cubrir ninguna contingencia previsible ni en la red de transporte ni en la de distribución.