La formación liderada por Pablo Casado registró esta petición de comparecencia en la Cámara Baja para que el ministro de Justicia “explique las actuaciones adoptadas por el Gobierno ante los ataques realizados en contra de la Justicia y de la Administración de Justicia por el vicepresidente segundo del Gobierno y otras autoridades públicas”.

Concretamente, el PP reclama su comparecencia en la Comisión de Justicia “para que explique si el Gobierno de España respalda, comparte o ha reprendido al señor Iglesias cuando en un reciente tuit y posterior rueda de prensa manifestó que ‘en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso’”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el pasado miércoles una sentencia contra la diputada autonómica de Unidas Podemos por varios delitos de atentado, lesiones leves y daños a unos agentes de policía cuando en 2014 intentó impedir el desahucio de una persona con discapacidad.

Los jueces han condenado a Serra a 19 meses de prisión y a una multa de más de 2.000 euros, así como a pena de inhabilitación para ostentar cargo público. La diputada autonómica de Unidas Podemos tachó la sentencia de “desproporcionada e injusta” y su compañero Iglesias dijo sentir "una enorme sensación de injusticia" pese a acatar la decisión judicial.

“Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", criticó el vicepresidente del Gobierno a través de las redes sociales.

Esta reacción de Iglesias provocó la protesta del Consejo General del Poder Judicial que, a través de una declaración de su Comisión Permanente, expresó “su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no sólo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia”.