Así lo señaló en un artículo titulado ‘Políticas laborales y de empleo en la crisis del coronavirus’ y publicado por la Fundación Sistema, en el que hace un repaso a las consecuencias económicas de la pandemia así como de las principales medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus.

El texto comienza destacando que “la crisis mundial provocada por el coronavirus es una las mayores amenazas conocidas para la salud de las personas, con gravísimas consecuencias para la economía y el empleo, que está poniendo en riesgo los medios de vida y el bienestar de millones de personas”. En esta línea, señala que la declaración de la pandemia de Covid-19 “ha paralizado el mundo” y que “el impacto sobre la población mundial está siendo brutal, dejando a la mitad de los habitantes de la Tierra en situación de confinamiento y produciendo letales consecuencias sobre las vidas de decenas de miles de personas”.

En este sentido, recuerda que el FMI prevé una caída del 3% del PIB mundial en 2020 y que el retroceso sea del 7,5% en la zona euro y del 8% en España, mientras que el Banco Central Europeo estima una caída de entre el 9% y el15% para la zona euro. Asimismo, recoge que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020 desaparezcan 195 millones de empleos a tiempo completo y “una enorme pérdida” de ingresos para millones de trabajadores, “con lo que estas previsiones superarían las consecuencias de la crisis de 2008”.

"SUPERAR LAS VISIONES LOCALES"

Por ello, el artículo destaca el carácter global de esta crisis y apunta a que “ante la gravedad de esta situación, cada vez hay un mayor consenso en que para salir de esta crisis es necesario superar las visiones locales y no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera internacional”.

Pese a ello, añade, “en la UE se está evidenciando que sectores neoliberales del centro y norte siguen aferrados a las políticas erróneas e insolidarias que tanto sufrimiento produjeron a los pueblos del sur de Europa”, aunque resalta que, “afortunadamente, el Consejo de Europa ha acordado la creación de un Fondo para la Reconstrucción económica y social”.

Ferrer recuerda que la crisis del coronavirus ha tenido “un impacto brutal en el mercado laboral de nuestro país, perdiendo a finales de marzo la Seguridad Social más de 800.000 afiliados”, lo que supone una caída “histórica” ya que “prácticamente en 14 días se ha destruido el mismo número de empleos que se destruyeron en 101 días, entre octubre de 2008 a febrero de 2009, tras la caída de Lehman Brothers”.

De esta forma, Ferrer resalta que “el principal reto hoy debe ser proteger la salud y la vida de las personas y hacer frente a las consecuencias económicas y sociales” y que “para ello el Gobierno ha puesto en marcha un potente plan de choque de medidas económicas y laborales, estimado en unos 200.000 millones de euros, para proteger a las empresas, autónomos y trabajadores”.

"DIFERENCIA SUSTANCIAL"

Sobre este punto, el socialista subraya que “hay una diferencia sustancial entre las actuales medidas y las que se adoptaron durante la crisis de 2008, pues entonces estaban dirigidas a producir una devaluación interna para mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de los costes laborales”, basando la competitividad en “la precariedad, los bajos salarios y abaratar y facilitar el despido”.

En contraste, apunta a que el objetivo principal de las medidas aprobadas por el Gobierno en esta crisis es “proteger el empleo, y que el descenso de la economía se traslade al ajuste de las capacidades de producción”, utilizando para ello los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) por fuerza mayor y prohibiendo los despidos.

Así, destaca que “las medidas económicas, sociales y laborales aprobadas por el Gobierno desde el 12 de marzo con el Real Decreto-Ley 7/2020 hasta las más recientes del Real Decreto-Ley 25/2020, han permitido el mantenimiento del empleo”. En concreto, señala que “más de medio millón de empresas han podido acogerse a un ERTE por causas de fuerza mayor y reducir temporalmente sus costes salariales y de cotizaciones sociales; además, a las más de cuatro millones de personas trabajadoras afectadas se les ha protegido el empleo y sus rentas con las prestaciones por desempleo”.

Por otro lado, también subraya que “los autónomos, por primera vez en una crisis, han tenido cobertura ante la paralización de la actividad o por la disminución de ingresos, con una prestación extraordinaria por cese de actividad, que a 14 de abril daba a cobertura al 30% de los 3.134.893 afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social”.

Por otra parte, recuerda otras medidas como la implantación del teletrabajo, el permiso retribuido recuperable, la mejora en la protección de los fijos discontinuos y de los trabajadores con contrato temporal y la implementación de medidas para las empleadas de hogar. Además, recuerda la previsión de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital, “con el fin de proteger a las personas vulnerables” y que esta medida “permitiría ampliar nuestro sistema de protección social a cerca de un millón de personas”.

Por último, el texto concluye indicando que “el reto inmediato es seguir protegiendo el empleo mediante los ERTE y dotar de liquidez a empresas y autónomos, así como preparar el proceso de desescalada, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias, preventivas y de protección a las personas trabajadoras”.