El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó el miércoles una sentencia contra la diputada autonómica de Unidas Podemos Isabel Serra por varios delitos de atentado, lesiones leves y daños a unos agentes de policía cuando en 2014 intentó impedir el desahucio de una persona con discapacidad.

Los jueces han condenado a Serra a 19 meses de prisión y a una multa de más de 2.000 euros, así como a pena de inhabilitación para ostentar cargo público. No obstante, la sentencia no es y ella ya anunció un recurso nada más conocer la decisión.

Serra tachó la sentencia de “desproporcionada e injusta” y su compañero Iglesias dijo sentir "una enorme sensación de injusticia" pese a acatar la decisión judicial. “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", criticó el vicepresidente del Gobierno a través de las redes sociales.

Esta reacción de Iglesias provocó la protesta del Consejo General del Poder Judicial, que a través de una declaración de su Comisión Permanente expresó “su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia”.

Montero declaró este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado en el Palacio de la Moncloa el “respeto absoluto” del Ejecutivo a las decisiones judiciales tras la condena de la podemista Isa Serra pero recalcó que “probablemente esas palabras del vicepresidente se encuentran dentro de la libertad de expresión, igual que la del Poder Judicial”.

La portavoz y ministra de Hacienda mantuvo así un equilibrio entre ambas posiciones a la vez que subrayó el “respeto absoluto a la separación de poderes” que tiene el Gobierno, que “así lo expresa y así lo cumple”.