Según informó este viernes la Policía, la aplicación de un ERTE en estas empresas ficticias hubiera supuesto un cuantioso perjuicio para las arcas públicas, que ya están haciendo frente en las últimas semanas a numerosos expedientes de este tipo en empresas que se han quedado sin actividad por la pandemia del Covid-19.

En el marco de esta operación se ha detenido a los tres cabecillas de esta trama y se han practicado dos registros, uno de ellos en un domicilio y otro en la oficina que utilizaban los encausados como centro de operaciones. En estos lugares se han localizado cerca de 15.000 euros en efectivo, además de ordenadores, tablets, teléfonos y una gran cantidad de documentación que vinculaba a los arrestados con su presunta actividad delictiva.

La investigación policial comenzó el pasado mes de julio, cuando la Policía empezó a seguir la pista de una oficina, con apariencia de gestoría, que podría estar dedicándose a la creación de empresas falsas con la única intención de cobrar grandes cantidades de dinero a ciudadanos extranjeros a cambio de su alta en la Seguridad Social.

TAMBIÉN ALQUILERES FALSOS

Los agentes estuvieron durante meses siguiendo la pista de las actividades de los investigados y pudieron comprobar cómo se dedicaban a la venta de contratos falsos de trabajo a ciudadanos extranjeros. A cambio recibían una importante cantidad de dinero a estas personas, que con la documentación podían regularizar su situación en España.

La trama no se dedicaba sólo a emitir falsos contratos de trabajo, sino que también falsificaba documentación relacionada con alquileres domiciliarios o que justificara arraigo en España. Todo ello se hacía con la intención de defraudar a la Seguridad Social, bien a través del alta en la misma o mediante el cobro de prestaciones o subvenciones.

Tras cerca de una año de investigación, la operación policial se precipitó al descubrir los agentes que los sospechosos pretendían llevar a todos sus trabajadores ficticios de sus diferentes empresas ficticias a un ERTE, lo que provocó que los agentes establecieran un dispositivo policial para evitar una importante defraudación económica al erario público.