A través de su portavoz de Justicia y Libertades, Enrique López, también consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, el PP lamentó las declaraciones del vicepresidente segundo del Ejecutivo con motivo de la sentencia que ha condenado a Serra.

“Por supuesto que nadie puede poner en duda en una democracia el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y a manifestar que no se está de acuerdo con una resolución judicial, pero lo que nunca se puede hacer es deslegitimar la actuación del Poder Judicial”, argumentó López en unas declaraciones difundidas por el PP.

Así, advirtió del riesgo de “establecer sombras de duda” sobre la actuación de la Justicia y sobre “las intenciones de los propios jueces”. López sostuvo que en este caso “se está cuestionando la actuación nada más y nada menos que del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid”.

“Creo que esto requiere por parte del Gobierno de la nación una declaración institucional en la que se establezca la necesidad del respeto entre poderes públicos”, demandó, argumentando que “no estamos ante la crítica que realiza un partido político o sus representantes a una resolución judicial, sino ante un cuestionamiento en toda regla que el vicepresidente de la nación hace de la actuación de otro poder del Estado”.

En palabras del portavoz de Justicia del PP, “esto es inadmisible en un sistema democrático y requiere que por parte del Gobierno de la nación se haga una declaración de apoyo institucional al Poder Judicial”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid condenó ayer a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado, tras considerarla responsable de haber proferido insultos, haber dado empujones y haber arrojado objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la protesta contra un desahucio, el 31 de enero de 2014, en el madrileño barrio de Lavapiés.

Los jueces consideraron también culpable a la diputada autonómica de Podemos de un delito leve de lesiones, por el que le imponen una pena de multa de cuatro meses, a razón de una cuota diaria de diez euros, y de un delito de daños, por el que la sancionan igualmente a pena de cuatro meses, con la misma cuota diaria.

La Sala absuelve a Serra del delito de desórdenes públicos que le solicitaba el Ministerio Fiscal, al considerar que no quedó acreditado durante el juicio, pese a la violencia desarrollada y los lesivos resultados provocados, que la intención de los autores de estos actos fuera la de atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar esta figura delictiva.

Tras conocerse el fallo, Iglesias hizo ayer una valoración a través de su cuenta e Twitter en la que afirmaba, que “las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

Esta misma mañana, en rueda de prensa desde La Moncloa, Iglesias se declaró “completamente convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la razón a Serra”. A partir de ahí, pasó a puntualizar que “el estado de alarma no prohíbe que la gente pueda criticar, aunque lógicamente tenga que acatar, una sentencia judicial que no le gusta. Y aun así yo evité hacerlo, por prudencia”, aseguró.

A este respecto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy una declaración en la que expresa su “más profundo malestar” por las declaraciones realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, al considerar que arrojan sospechas sobre la imparcialidad de los tribunales tras la condena a la diputada de Podemos Isabel Serra.