Los sindicatos médicos sostienen que Sanidad ha puesto "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad" y que cumplían los estándares de calidad para garantizar su protección frente a posibles contagios de coronavirus.

También el sindicato mayoritario de las Administraciones Públicas, CSIF, y el Consejo General de Enfermería recurren a los tribunales mediante sendas querellas por el reparto de más de 700.000 mascarillas defectuosas. CSIF pide, además, que se ponga en cuarentena a todos los profesionales que las hayan usado.

El ministro de Sanidad aseguró este jueves que la Administración no suscribirá más contratos con la mercantil Garry Galaxy y explicó que ya el pasado 15 de abril pidió a las comunidades autónomas la retirada de estas mascarillas, tras haber recibido notificación de sus defectos, pese a que todas tenían la marca CE.

A partir de ahora, las compra se harán a otras empresas autorizadas por el Gobierno chino y se comprobará la validación técnica de la documentación del producto antes de la compra, el control de Aenor en China mediante contrato para inspeccionar la producción de cada empresa proveedora del material y a la recepción del material se realizarán ensayos aleatorios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.