Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a la pregunta formulada por el diputado Ferran Bel, de Junts per Catalunya, sobre si el Ejecutivo piensa ampliar, al menos a tres meses, el aplazamiento de las declaraciones de impuestos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de abril para permitir su aplazamiento hasta el 20 de mayo.

En su intervención, la titular de Hacienda también indicó que más de un millón de autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad, recordando que se trata de una prestación “que antes no existía”.

Asimismo, apuntó que más de 2.250 empresas y autónomos han solicitado aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, y que cerca de 1,1 millones de empresas se han beneficiado de la suspensión de facturas en servicios básicos como la electricidad y el gas.

Por ello, Montero reivindicó que “el Gobierno está trabajando a una velocidad de vértigo, demostrando capacidad de respuesta ante los retos que hace un mes y medio no podíamos ni imaginar”, y subrayó que “las medidas están siendo efectivas”.

Además, resaltó que “si ha habido un sector productivo especialmente cuidado han sido los autónomos y las pymes”, y enumeró otras medidas como la prioridad que se les da en las líneas de liquidez del ICO, o la aprobada ayer para que puedan tributar por el régimen directo en lugar de hacerlo por el de módulos.

Por su parte, Bel comenzó su intervención reconociendo que “el momento es muy difícil y tomar decisiones no es fácil”, pero realtó que “la crisis sanitaria produce mucha incertidumbre y la responsabilidad de los organismos públicos es intentar disminuir esta incertidumbre y no agravarla”.

Así, destacó la necesidad de liquidez que tienen las pymes y autónomos para poder sobrevivir, y que dicha liquidez “no sólo debe venir con un mayor endeudamiento bancario”, por lo que reclamó mayor flexibilidad por parte de la administración tributaria y que su actuación sea “más amplia y generosa”. En este sentido, consideró “insuficiente” que los aplazamientos sean hasta el 20 de mayo y que se apliquen sólo hasta 30.000 euros de deuda y para empresas con una facturación menor de seis millones de euros.

En cuanto a las líneas de avales del ICO, el diputado catalán pidió al Ejecutivo que “vigile de cerca” a determinadas entidades financieras, “algunas de ellas con capital público”, ya que, apuntó, “aprovechan las líneas de avales para refinanciar otras operaciones o aplicar intereses elevados”.