Según informó Justicia, Campo se refirió a esta cuestión en una reunión que mantuvo esta mañana con responsables de las asociaciones de fiscales, a los que pidió aportaciones “a la hoja de ruta para la salida de la crisis del Covid-19”.

El titular de Justicia se entrevistó con Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales; Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales; y Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales. Por parte del Ministerio también estuvieron el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, y la directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste.

A estos interlocutores Campo les explicó que, en un plazo no superior a dos semanas tras el levantamiento del estado de alarma, el Consejo de Ministros debe aprobar planes de choque para las jurisdicciones social y contencioso-administrativa, así como para los juzgados de lo Mercantil, los ámbitos en los que se espera una mayor afluencia de asuntos.

El ministro explicó que el objetivo general perseguido por esta estrategia “debe ser doble”. Por un lado, garantizar la salud de todos los funcionarios y profesionales que prestan sus servicios en juzgados y tribunales, así como los ciudadanos, puedan acudir a estas instalaciones en condiciones de seguridad sanitaria. Por otro, también se debe posibilitar que los tribunales sean un “elemento fundamental para la dinamización y la recuperación económica tras el confinamiento”.