Ambas iniciativas persiguen reforzar la financiación empresarial y se insertan dentro del nuevo real decreto ley ómnibus aprobado este martes por el Consejo de Ministros en el que se incluyen más de 30 nuevas medidas que complementan las articuladas hasta ahora para dar respuesta a la situación creada por el Covid-19.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que en su conjunto buscan “dar respuesta a esta nueva fase” de extensión del estado de alarma.

Las nuevas reglas vuelven a incidir en el apoyo al empleo y ciudadanos y en reforzar la financiación empresarial para “preservar la actividad económica y el empleo”, a la vez que impulsan un conjunto de medidas específicas para sectores o actividades productivos más concretos.

La línea de avales del ICO se lanzó para conceder nuevo crédito o refinanciaciones para garantizar la liquidez a empresas y autónomos evitándoles dificultades por tensiones de circulante con la parálisis de la actividad, y ahora se extenderá a un tipo de deuda, los pagarés, para garantizar igualmente la financiación que logran las compañías con su emisión en los mercados de capitales.

Con idéntica finalidad se reforzará la capacidad de concesión de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafinanzamiento (Cersa) y se garantizará que la línea podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

El real decreto ley ómnibus capacitará además al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito a fin de reforzar la canalización de recursos para el crédito comercial y garantizar así la continuidad de las transacciones económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales.

El pack normativo incorpora medidas de otra índole como facilitar un mecanismo a las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del Covid-19 para renegociar y aplazar el pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas.

En materia fiscal impulsa un abanico de iniciativas orientadas a aliviar el pago de impuestos a las empresas y autónomos, flexibilizando la tributación del Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF y, con ello, inyectar 1.100 millones de euros adicionales en la liquidez a las compañías y autónomos

Con su entrada en vigor se incrementará además el ámbito de aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) por causa de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos, y se prorrogará dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.