La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero lo anunció en Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, el recurso irá dirigido contra dos artículos: el 13, que modificaba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía; y el artículo 28, que introducía cambios en la ley Audiovisual de la comunidad autónoma.

Atendiendo al artículo 13, Montero argumentó que “se exime de autorización previa y comunicación a la consejería de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno”. “El Gobierno considera que esta regulación vulnera la competencia estatal en defensa de bienes culturales contra la expoliación prevista en el artículo 149,1.28 de la Constitución”, señaló la ministra.

Respecto al artículo 28, el recurso se dirigirá en contra de los apartados cuatro y seis del mismo, ya que el cambio “deroga la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecen del título perceptivo o que no han cumplido el deber de comunicación previo”.

Además, el Gobierno solicitará la suspensión de las disposiciones “por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad” y porque los prejuicios “pueden ser de imposible reparación”.

“No obstante, el Gobierno quiere volver a manifestar la voluntad negociadora con la Junta de Andalucía con el fin de solucionar esta controversia y que se adecué este decreto ley al ámbito competencial de la Constitución Española”, concluyó la ministra portavoz.