Son dos de las medidas incluidas en el borrador de real decreto-ley que entró este martes al Consejo de Ministros para su estudio y posible aprobación y al que tuvo acceso Servimedia.

La aceptación de ajustes en empresas catalogadas de esenciales por medio de ERTE busca dispensar soporte a compañías obligadas a mantener su actividad, pero que puede haberse visto seriamente mermada por la crisis sanitaria.

Un ejemplo claro serían las clínicas dentales o de fisioterapia, cuyos servicios se restringen a urgencias y donde su actividad ordinaria ha prácticamente desaparecido, o empresas de transporte que limitan los servicios a las líneas esenciales.

En cuanto al teletrabajo, el Ejecutivo decretaba el 14 de marzo el estado de alarma y el día 17 dictaba a través de un real decreto-ley el carácter prioritario del trabajo a distancia para todos los sectores económicos que pudiesen desarrollar su actividad por medios telemáticos para limitar los movimientos y contener la propagación del Covid-19.

El paquete normativo que analiza el Consejo de Ministros contemplaría mantener dicha situación durante otros dos meses tras levantarse el estado de alarma para garantizar una desescalada y vuelta a la normalidad progresiva y evitar la vuelta abrupta a las oficinas.

La iniciativa podría mantenerse hasta iniciado el verano toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva prórroga del confinamiento hasta el 10 de mayo.

Otro de las medidas sobre la mesa sería prorrogar durante otro mes la posibilidad de aquellos empleados con hijos o personas dependientes a su cargo de acomodar la jornada laboral o reducirla si lo necesitan para atender su cuidado.

Con esta finalidad de extender la red de protección habilitaría también que aquellos trabajadores que estuvieran en periodo de prueba y su contrato haya decaído tras estallar la crisis del Covid-19 accedan a la prestación de desempleo, así como a aquellos otros con contrato de fijos discontinuos.

Otra medida es el desarrollo reglamentario sobre los rescates en los planes de pensiones habilitados para personas afectadas por ERTE y la crisis para especificar la documentación que se debe entregar a la hora de solicitar los reembolsos.

En materia de trabajo autónomo, el borrador recoge que para aquellos autónomos que no eligieron mutua colaboradora con la Seguridad Social antes de que terminara el plazo para hacerlo en junio de 2019 y ante la solicitud “masiva” del cese de actividad, se posibilita que puedan elegir la mutua al tiempo de solicitar la prestación por cese de actividad y, por tanto, puedan acceder a dicha prestación y a otras. Unos 50.000 autónomos se encuentran en esta situación.

Para los trabajadores agrarios autónomos en situación de inactividad, se extiende para 2020 la reducción en la cotización mientras permanezcan inactivos y cuando hayan realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019.

El borrador también incluye la simplificación en el procedimiento para los aplazamientos de las deudas con la Seguridad Social, “dado el elevado número de solicitudes que vienen produciéndose desde su entrada en vigor” y el refuerzo de los mecanismos de sanción y control para las empresas que presenten solicitudes de prestaciones para sus trabajadores con falsedades e incorrecciones.