Los expertos, procedentes del Tercer Sector, la empresa y organismos públicos, han señalado el impacto en la salud de los niños y niñas, el ensanchamiento de la brecha educativa derivada del difícil acceso de muchos hogares a medios telemáticos y la incorrecta alimentación como los principales perjuicios para la infancia derivados del Covid-19.

Además, han abordado la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que consideran necesario incorporar “en el menor plazo posible” junto al aumento de la prestación por hijo a cargo.

Está previsto que a lo largo del mes de mayo se pueda aprobar la normativa que sustente la puesta en marcha de ese Ingreso Mínimo Vital. Se estima que puede haber un mínimo de un millón de hogares beneficiarios, de los cuales aproximadamente un 10% serían familias monoparentales.

El titular del Alto Comisionado, Ernesto Gasco, puso de manifiesto la necesidad de colaborar con el Ministerio de Educación para implementar “políticas transversales” que limiten el impacto del coronavirus sobre la educación de los menores.

“Los niños y niñas están sufriendo muchas de las consecuencias de esta crisis, en especial los que se encuentran en situación de pobreza. Es nuestra obligación poner a la infancia en el centro de las políticas públicas que llevemos a cabo”, expresó.

Este órgano se reunirá periódicamente para trasladar al Gobierno las percepciones y recomendaciones de los diferentes actores involucrados en la lucha contra la pobreza infantil.